El timing de la demanda, además, es muy atinado. El de las armas es un grupo de interés todavía poderoso pero que ha perdido fuerza. Primero, porque en la opinión pública se ha consolidado una mayoría que prefiere una regulación más estricta, que el acceso a las armas esté más restringido y que se vuelva a prohibir la venta de armas de asalto . Segundo, porque las finanzas del lobby de las armas se han visto mermadas tras múltiples escándalos, litigios y malos manejos, al grado de que su capacidad de gasto para apoyar candidaturas y campañas electorales, hacer cabildeo legislativo o movilizar a sus adeptos con agresivas campañas publicitarias, ya no es la que era. Y tercero, porque tras la implosión trumpista algunos sectores del partido republicano parecen dispuestos a reconsiderar sus posiciones en este tema, además de que los demócratas controlan ahora tanto el Congreso como la Casa Blanca. Los vientos soplan en una dirección propicia, pues, para intentar un lance como el que está ensayando el gobierno mexicano.
El caso, no obstante, tiene sus bemoles. Acusa a los fabricantes de hacer cosas moralmente reprobables pero que no necesariamente son ilegales. Por ejemplo, diseñar aditamentos que permiten escalar la capacidad de fuego de sus armas, crear modelos o hacer publicidad que resulten atractivos para el mercado criminal mexicano, no incluir marcas o dispositivos que permitan rastrearlas, o no impedir que sus armas se vendan varias veces y a cierto tipo de compradores, digamos, con antecedentes o perfiles cuestionables. La argumentación mexicana es muy persuasiva en cuanto a la irresponsabilidad que representan ese tipo de prácticas comerciales y a los daños que provocan, pero no tanto en lo relativo a demostrar que en efecto constituyan una violación de las normas estadounidenses.
La demanda mexicana se cuida de no señalar a los gobiernos federal ni a los estatales, tampoco al Congreso ni a las legislaturas locales, pero lo cierto es que el tráfico ilegal de armas hacia México sería inexplicable sin la negligente complicidad de todas esas autoridades. Sea por cálculo político, por preferencia ideológica, por estar capturadas o por mera incompetencia, se trata de un fenómeno que no es ajeno al ámbito de sus facultades. Otro aspecto problemático es el hecho de que entre las empresas demandadas estén varios proveedores con los que el gobierno mexicano realiza transacciones legales y a los que no parece que vaya a dejar de comprarles. Es, por decir lo menos, una incongruencia.
