¿De qué se tratan, entonces, los otros 1,2 mil millones de pesos? De entrada, el 83% de ese restante corresponde a faltas de orden local. Quizá porque la mayoría de los puestos en disputa correspondía a los niveles estatal y municipal de gobierno. Quizá porque en esos niveles el control de los recursos se vuelve más difícil o difuso. O quizá porque los propios responsables de las irregularidades saben que sus partidos acabarán asumiendo los costos y para ellos no habrá mayor problema.
Otro dato relevante, que ameritaría más publicidad y escrutinio, es la distribución de esos 1,2 mil millones de multas por partido:
- 31% Morena
- 9% Fuerza por México
- 8% Redes Sociales Progresistas
- 8% Partidos locales
- 8% PRI
- 7% PAN
- 7% PT
- 7% PVEM
- 6% MC
- 5% PES
- 4% PRD
¿Qué factores políticos o institucionales influyen en la probabilidad de que un partido incurra en conductas sancionables durante las campañas? ¿Hay alguna diferencia significativa en cómo gestionan sus recursos que pueda contribuir a explicar sus distintas propensiones a cometer faltas y ser sancionados?
De los 60 tipos de irregularidades que identificó la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, en apenas cuatro de ellas se concentra casi el 60% de las multas impuestas:
- 29% egreso no reportado
- 13% omisión de reportar operaciones en tiempo real (6% durante el periodo normal, 7% durante el periodo de ajuste)
- 9% egreso no comprobado
- 8% eventos registrados extemporáneamente, de manera posterior o el mismo día de su celebración
¿Por qué? ¿Qué indica la modalidad y frecuencia de dichas transgresiones respecto a las prioridades de las campañas y a la viabilidad del modelo de financiamiento vigente?
