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Cuando el escándalo mata la información

El grueso de la atención mediática se ha enfocado en tres escándalos que concentran menos del 10% del monto de las sanciones que decidió el INE. ¿De qué se trata, entonces, el otro 90%?
mar 27 julio 2021 11:59 PM
La multa a Samuel y Mariana Rodríguez capturó la atención mediática.

Tras la elección más grande en la historia de México, el INE acaba de anunciar la sanción también más grande en la historia de México: poco más de 1,3 mil millones de pesos. El monto es resultado de atender en tiempo y forma una serie de quejas particulares, así como de un trabajo general de fiscalización que incluyó casi 30 mil candidaturas y sobre las que se auditaron alrededor de 11 mil millones de pesos. Todos los partidos políticos incurrieron en incumplimiento.

La próxima vez que alguien cuestione para qué sirve el INE habrá que recordarle que el Instituto cumplió en tiempo y forma con una obligación cuyo grado de exhaustividad no tiene ninguna otra autoridad electoral en el mundo, mientras los partidos –sin excepción–, insistieron en violar una y otra vez la ley.

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Los casos más sonados en los medios de comunicación han sido los de Mariana Rodríguez, Samuel García y el los “influencers” del PVEM. El primero porque Rodríguez utilizó sus redes sociales como plataforma publicitaria para su esposo (Samuel García), a pesar de la prohibición expresa que tiene toda persona física con actividad comercial de realizar aportaciones en especie a campañas políticas. El equipo de García omitió, asimismo, consignar esa “ayuda” en sus reportes. En consecuencia, el INE ha propuesto una multa de 55 millones de pesos (el doble del valor estimado de los apoyos que le brindó su esposa) a su partido, Movimiento Ciudadano.

Dicho partido se hizo acreedor, además, a otra sanción por 28 millones de pesos. Esta derivada de que la campaña del mismo Samuel García recibió aportaciones ilegales, a través de varias empresas, por parte de su mamá y dos hermanos. El ahora gobernador electo de Nuevo León tendrá no sé cuántos doctorados en Derecho, pero actúa como si sus vínculos de parentesco lo exentaran de tener que respetar lo que manda la legislación electoral.

Finalmente, la multa contra el Partido Verde asciende a 41 millones de pesos . El motivo es haber contratado a un centenar de “influencers” con el fin de hacer propaganda a su favor durante el periodo de veda electoral y tampoco haber informado al respecto en su reporte de gastos de campaña. Adicionalmente, dado el carácter “contumaz y reincidente” del PVEM en este sentido, el INE dispuso no asignarle tiempos en radio y televisión al PVEM durante un año.

Esos tres castigos, que suman 124 millones de pesos, han concentrado el grueso de la atención mediática. Sin embargo, representan menos del 10% de monto total de las sanciones impuestas por el Instituto. Un enésimo ejemplo de que a veces los escándalos terminan matando la información.

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¿De qué se tratan, entonces, los otros 1,2 mil millones de pesos? De entrada, el 83% de ese restante corresponde a faltas de orden local. Quizá porque la mayoría de los puestos en disputa correspondía a los niveles estatal y municipal de gobierno. Quizá porque en esos niveles el control de los recursos se vuelve más difícil o difuso. O quizá porque los propios responsables de las irregularidades saben que sus partidos acabarán asumiendo los costos y para ellos no habrá mayor problema.

Otro dato relevante, que ameritaría más publicidad y escrutinio, es la distribución de esos 1,2 mil millones de multas por partido:

- 31% Morena
- 9% Fuerza por México
- 8% Redes Sociales Progresistas
- 8% Partidos locales
- 8% PRI
- 7% PAN
- 7% PT
- 7% PVEM
- 6% MC
- 5% PES
- 4% PRD

¿Qué factores políticos o institucionales influyen en la probabilidad de que un partido incurra en conductas sancionables durante las campañas? ¿Hay alguna diferencia significativa en cómo gestionan sus recursos que pueda contribuir a explicar sus distintas propensiones a cometer faltas y ser sancionados?

De los 60 tipos de irregularidades que identificó la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, en apenas cuatro de ellas se concentra casi el 60% de las multas impuestas:

- 29% egreso no reportado
- 13% omisión de reportar operaciones en tiempo real (6% durante el periodo normal, 7% durante el periodo de ajuste)
- 9% egreso no comprobado
- 8% eventos registrados extemporáneamente, de manera posterior o el mismo día de su celebración

¿Por qué? ¿Qué indica la modalidad y frecuencia de dichas transgresiones respecto a las prioridades de las campañas y a la viabilidad del modelo de financiamiento vigente?

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Por último, está la distribución regional de dichas sanciones y el hecho de que apenas 6 de las 32 entidades aglutinan una tercera parte del total: Chihuahua (9%), Estado de México (6%), Nuevo León (6%), Baja California (5%), San Luis Potosí (4%) y Sinaloa (4%). ¿Cuáles son las posibles causas de semejante desproporción? ¿Qué pasó en esos estados para que hubiera tantas irregularidades –o, mejor dicho, tantas irregularidades detectables–?

En fin, ojalá que el ruido generado por cerca del 10% (Rodríguez, García y los “influencers” del PVEM) no haga enmudecer los cuestionamientos que despierta, que debería despertar, el otro 90% de las sanciones que decidió el INE…

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Nota del editor:

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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