Los casos más sonados en los medios de comunicación han sido los de Mariana Rodríguez, Samuel García y el los “influencers” del PVEM. El primero porque Rodríguez utilizó sus redes sociales como plataforma publicitaria para su esposo (Samuel García), a pesar de la prohibición expresa que tiene toda persona física con actividad comercial de realizar aportaciones en especie a campañas políticas. El equipo de García omitió, asimismo, consignar esa “ayuda” en sus reportes. En consecuencia, el INE ha propuesto una multa de 55 millones de pesos (el doble del valor estimado de los apoyos que le brindó su esposa) a su partido, Movimiento Ciudadano.
Dicho partido se hizo acreedor, además, a otra sanción por 28 millones de pesos. Esta derivada de que la campaña del mismo Samuel García recibió aportaciones ilegales, a través de varias empresas, por parte de su mamá y dos hermanos. El ahora gobernador electo de Nuevo León tendrá no sé cuántos doctorados en Derecho, pero actúa como si sus vínculos de parentesco lo exentaran de tener que respetar lo que manda la legislación electoral.
Finalmente, la multa contra el Partido Verde asciende a 41 millones de pesos . El motivo es haber contratado a un centenar de “influencers” con el fin de hacer propaganda a su favor durante el periodo de veda electoral y tampoco haber informado al respecto en su reporte de gastos de campaña. Adicionalmente, dado el carácter “contumaz y reincidente” del PVEM en este sentido, el INE dispuso no asignarle tiempos en radio y televisión al PVEM durante un año.
Esos tres castigos, que suman 124 millones de pesos, han concentrado el grueso de la atención mediática. Sin embargo, representan menos del 10% de monto total de las sanciones impuestas por el Instituto. Un enésimo ejemplo de que a veces los escándalos terminan matando la información.
