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El proceso a Lozoya, un caso que debió ser "insignia" y aún no da resultados

A un año de que el exdirector de Pemex fue extraditado acusado de corrupción, no ha pisado la cárcel, no se ve cercano un juicio en su contra y no está claro qué pueda aportar a investigaciones.
sáb 17 julio 2021 11:59 PM
Emilio Lozoya
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en el sexenio de Peña Nieto, ya fue vinculado a proceso por delitos federales. Logró llevar su proceso en libertad.

La madrugada del 17 de julio, Emilio Lozoya llegó a México, extraditado desde España, directo a un hospital. El director de Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto, acusado de varios delitos relacionados con el entramado de corrupción encabezado por la constructora brasileña Odebrecht, ha logrado evadir la justicia durante este año. Tanto, que ni siquiera ha pisado la cárcel en lo que va de su proceso.

Aun cuando prometió que daría nombres y evidencias de personas responsables de delitos en un nivel jerárquico más alto que el suyo —con lo que gracias a la figura jurídica de criterio de oportunidad puede ser exonerado—, a la fecha ha hecho acusaciones en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y otros políticos, pero solo en el caso del exsenador Jorge Luis Lavalle (PAN) se ha logrado una vinculación a proceso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Estefanía Medina, cofundadora de Tojil —una asociación civil dedicada al litigio penal estratégico para reducir la impunidad—, afirma que ha sido una decepción que el caso Odebrecht, que debía ser un "caso insignia" del combate a la corrupción, se haya aplazado ya por un año, cuando un proceso de este calado debió llevarse a juicio en seis meses, y además, no ha dado resultados y existe poca claridad.

"El esclarecimiento de este caso y lo que pasó con Emilio Lozoya son una gran necesidad de justicia e interés colectivo que existe, y ver que el caso, lejos de convertirse en el caso insignia o el caso estrella que deberíamos tener, pareciera que cada vez se va opacando más, sin lugar a dudas deja una profunda decepción en el combate a la corrupción que se está dando por parte de la fiscalía", asegura.

Este debería ser el caso de casos, donde deberíamos estar aplicando toda la técnica, la eficacia y la eficiencia para llevarlo a un juicio transparente, justo, efectivo, y que rinda cuentas a la sociedad".
Estefanía Medina, cofundadora de Tojil

La litigante advierte que desde el principio el caso empezó mal y, en lugar de que llegue a juicio lo antes posible, parece que la autoridad se está brincando los plazos "sin fundamento" y no hay claridad sobre cómo se está usando el criterio de oportunidad.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la investigación complementaria —en la que está el proceso actualmente— tiene un máximo de seis meses para concluirse, pero apenas esta semana el cierre se volvió a aplazar para agosto.

Por ello, cuando debería estar acabado el juicio —tras la vinculación a proceso, los seis meses para que ambas partes se alleguen de elementos probatorios, la audiencia intermedia, la presentación formal de acusaciones y pruebas, la exposición de argumentos y la resolución del juez sobre si Lozoya es culpable o no—, el proceso sigue atorado y sin claridad.

"La envergadura de este proceso requiere una investigación, acusación y juicio, esos hubieran sido los pasos, pero desafortunadamente este caso se ha visto completamente opacado o distorsionado por toda esa serie de decisiones impulsadas por la fiscalía, de proponer la aplicación de un criterio de oportunidad, pero sin ni siquiera ser claros en si se va a aplicar o no, si se va a ir a un juicio", dice Medina.

Lo más grave es que pase un año en que ni siquiera tengamos un juicio, es lo mínimo que se esperaba en el caso Odebrecht en México".

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El caso Odebrecht

Una semana después de llegar a México, Lozoya fue vinculado a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho por el caso Odebrecht, como se conoce al escándalo de corrupción en América Latina en el que se comprometieron obras en al menos una decena de países a cambio de sobornos.

El exfuncionario buscó apegarse al criterio de oportunidad, por lo que el 11 de agosto presentó una denuncia de hechos en la que involucró a exlegisladores y exsecretarios como Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Ricardo Anaya, David Penchyna, José Antonio Meade y Ernesto Cordero, entre otros.

También ve: ¿Quiénes son y dónde están los implicados por Emilio Lozoya en sobornos?

Al respecto, Medina insiste en que el criterio de oportunidad no debería ser el primer objetivo de este proceso penal. "Decir que se está buscando armar y tener evidencia de casos diversos, que me parece ni siquiera hay hoy elementos para sostener que son del nivel de importancia y transcendencia y nivel de evidencias que sí hay para el caso Odebrecht, lo que se aprecia es una idea errática del manejo de la investigación y del caso", asegura.

Fue hasta este año que se vinculó a proceso al primero de los por lo menos 16 políticos señalados por Lozoya: el exsenador panista Jorge Luis Lavalle, a quien el exdirector de Pemex acusó de ser uno de los legisladores que recibieron sobornos de la constructora brasileña para aprobar la reforma energética de Peña Nieto.

De las 70 personas que Lozoya denunció, se ha analizado a 35 y se han presentado 23 denuncias ante la FGR. También se ha dado vista a 11 instituciones para encontrar algún tipo de responsabilidad, además de que se han atendido garantías de audiencia vinculadas con ocho congelamientos de cuentas.

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El lento avance

El 6 de enero, a casi seis meses de que Lozoya fue extraditado, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la FGR informar sobre el estado de la investigación por los casos Odebrecht y Agronitrogenados. Ante ello, la fiscalía adelantó que pronto iniciarán las judicializaciones contra quienes ya se tengan elementos probatorios, pero esto no ha sucedido.

López Obrador reconoció que le había tomado a la FGR bastante tiempo realizar las investigaciones correspondientes. Sin embargo, aclaró que confía en el trabajo del fiscal Alejandro Gertz Manero, a quien pidió que, cuidando el debido proceso, informara sobre qué avances tiene de la investigación en el caso de Lozoya, pero también de otros que están en la institución.

En mayo, la FGR apuntó que alista una denuncia formal contra Peña Nieto y Videgaray, por supuestamente haber conformado una asociación delictiva, aunque de ello ya no se ha informado.

Apenas el 26 de mayo, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se presentaría una nueva denuncia ante la FGR contra Lozoya, por el posible desvío de 4,400 millones de pesos a Odebrecht y otra empresa. No obstante, esto tampoco ha sucedido.

"Es una nueva investigación y ya estaremos próximos por presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República para ir completando", dijo Nieto, al señalar que esta nueva denuncia es adicional a las cinco que hay contra el exdirector de Pemex.

En tanto que todo ese entramado se desarrolla y termina, desde su extradición a México Lozoya ha llevado su proceso en libertad, pero debe portar un brazalete electrónico y firmar periódicamente ante el juzgado. Tampoco puede salir del país, para lo cual se le retiró el pasaporte.

No se ha reportado que haya infringido las medidas cautelares que se le dictaron, y hoy, desde fuera de prisión, espera el desenlace de un caso que en los últimos años ha generado altas expectativas en México.

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