Las denominadas fake news, o noticias falsas, y la consecuente desinformación que generan, con el abono de las redes sociales, representan uno de los fenómenos más preocupantes de nuestro tiempo, no sólo en México, sino en el mundo. Tan es así, que ya se han puesto en marcha, a nivel internacional, diversas iniciativas prototípicas de fact-checking o de verificación de información como una medida para contrarrestar el problema. Chequeado , por ejemplo, fue el primer sitio no partidario de América Latina en tener este fin.
En ese sentido, es acertada la propuesta del presidente de detenerse a analizar, verificar y aclarar las noticias falsas o imprecisas de interés general que podrían afectar el derecho fundamental de la libertad de expresión y de acceso a la información. Sin embargo, no queda clara la forma de hacerlo.
El fact-cheking es una metodología estructurada y sistematizada que requiere de una serie de pasos, herramientas y criterios específicos de análisis de información, que va más allá de percepciones, sesgos personales o de grupo y posturas políticas y editoriales de los distintos actores. No es usual, ni deseable, que la lleven a cabo partes interesadas, como son las fuentes de información, partidos políticos, o el propio Ejecutivo. Inclusive, aunque existen ejercicios de verificación ejemplares que emanan de los medios de comunicación, los esfuerzos más representativos de combate a las noticias falsas provienen de organizaciones independientes de la sociedad civil, constituidas para dichos fines y que integran a la mayor diversidad de actores: medios, periodistas, académicos, organismos no gubernamentales y ciudadanos, en el entendido de que solo de esta manera se puede aspirar a evadir posibles conflictos de interés.
Ni el Estado ni la figura del presidente ni Elizabeth García Vilchis, periodista encomendada a este ejercicio, tienen la función de calibrar, a nivel individual o institucional, la información que producen los medios de comunicación y los periodistas, y resulta absurdo pretender hacerlo sobre la que estos mismos generan. No se ha registrado ningún esfuerzo, en un contexto democrático mundial, en el que la propia fuente gubernamental de información se encargue de juzgar la veracidad de las noticias que le atañen, dado que esa es, o debiera ser, la función del periodismo profesional. No se puede ser juez y parte a la vez. Los periodistas, como “cuarto poder”, deben fungir de contrapeso y vigilancia del poder político, y la sociedad en su conjunto, de contrapeso de unos medios de información a los que cada vez tiene mayor acceso. Corresponde también al denominado “quinto poder”, el de los ciudadanos, una mayor responsabilidad en el uso de la información y mayor participación en los procesos de difusión de las noticias de interés general y en el combate a la desinformación.
