Tras la elección del 6 de junio la atención de medios, ciudadanos, partidos y asociaciones se centró en la composición de la siguiente legislatura, la mayoría del presidente, las gubernaturas y en general en el nuevo reparto de poder en el país por los siguientes tres años.
No obstante, desde que se celebró la elección intermedia algunos legisladores y órganos de la cámara han generado acciones que vale la pena voltear a ver.
Por principio de cuentas los 37 legisladores que integran la comisión permanente (19 diputaciones y 18 senadurías) han promovido más de 200 iniciativas de ley, y746 proposiciones con punto de acuerdo. De estos últimos, se han aprobado un total de 33 que son primordialmente exhortos al poder Ejecutivo en lo referente a la implementación de medidas para hacer frente a las sequías o para atender temas relacionados con la salud pública.
Posiblemente el asunto más visible de esta semana será la convocatoria a un periodo extraordinario para discutir el desafuero de dos legisladores. A saber, los diputados Benjamín Saúl Huerta Corona (Morena) investigado por la violación sexual de un menor de 15 años y Mauricio Toledo (PT), quien es indagado por enriquecimiento ilícito durante su gestión como delegado de Coyoacán. Cabe mencionar que el pasado miércoles, el presidente de la sección instructora, Pablo Gómez (Morena), no pudo convocar al periodo extraordinario toda vez que faltaron a la sesión virtual de la sección dos legisladoras que eran necesarias para reunir el quórum requerido.
Otro tema que sin duda ha sido llamativo en este periodo legislativo post-electoral es la presentación de una acción de inconstitucionalidad en contra de la “Ley Zaldívar”. Al respecto importa recordar que el pasado mes de abril el pleno e la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Poder Judicial donde se incluyó un artículo transitorio que ampliaba por dos años el periodo del ministro presidente de la Suprema Corte, así como de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Dicho acto legislativo fue posteriormente avalado por el Ejecutivo y publicado en el Diario Oficial de la Federación, apenas un día después de la elección del 6 de junio. Para presentar una acción inconstitucionalidad, basta con que un 33% de los diputados (165) firmen una petición exigiendo que la corte revise el fondo leyes que atenten en contra de la Constitución.
Por su parte, las y los diputados que integran la comisión de salud generaron un posicionamiento que exige al gobierno Federal a atender las demandas de los padres de niños con cáncer. Esta comisión conformada en un 70% por congresistas de Morena hizo notar en su llamado al titular del INSABI, que la ley vigente (revisada y dictaminada por dicha comisión) provee al gobierno las herramientas jurídicas necesarias para prestar un servicio eficiente, de calidad y sin discriminación a la población.
El común denominador lo que ha ocurrido en estas últimas semanas de la 64 Legislatura es que son acciones (muy tardías, por cierto) que hacen notar cierta independencia del Congreso con respecto del gobierno, pues se trata de temas muy sensibles para la 4T.
Esto sugiere que la disciplina no es tan fácil de mantener (incluso para Morena) cuando los legisladores han dejado de estar amedrentados por sus partidos con la amenaza de perder sus puestos en comisión, sus bonos o sus candidaturas. Las posiciones políticas y los asientos para la siguiente legislatura ya están repartidos, lo cual les ha permitido a los legisladores hacer su trabajo sin esa camisa de fuerza partidista que los tuvo actuando durante los últimos tres años con mucho tiento para no incomodar al gobierno.
Diputados promoviendo la rendición de cuentas a través de exhortos, acciones de inconstitucionalidad, posicionamientos e incluso la ejecución de un juicio de procedencia, es algo que debimos haber visto a lo largo de toda la legislatura. Sin embargo, estos actos que corresponden a un congreso autónomo y fuerte solo se ha podido dar hasta que muchos de nuestros representantes ya no tienen nada que perder.
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Nota: Sergio A. Bárcena es doctor en Ciencia Política por la UNAM. Especialista en Poder Legislativo. Investigador del Tec de Monterrey y director de la asociación Buró Parlamentario.
Buró Parlamentario es una asociación civil que busca vigilar al Poder Legislativo promoviendo una ciudadanía informada, activa y participativa.
Twitter: @BuroParlamento
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