“Programas sociales” para ricos

Estos “programas sociales” para ricos son menos conocidos por dos razones.

Primero, porque estos “programas sociales” han aprendido a camuflarse, a operar de manera muy vedada y a aparentar que son benéficos para la sociedad en su conjunto cuando en realidad, los datos son contundentes en mostrar que, solo benefician al 10% más rico. El camuflaje ha sido tan efectivo, que muchas veces incluso las clases medias se han convencido de que los “programas sociales” para ricos les convienen. Aunque la verdad es que todo apunta a que las clases medias se beneficiarían más con su substitución por otro tipo de programas.

Segundo, los “programas sociales” para ricos se ven menos porque no se otorgan como efectivo ni tampoco se convierten en servicios públicos visibles. Por el contrario, a diferencia del resto de los programas sociales, los “programas sociales” para ricos no requieren la acción del estado sino su inacción.

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La principal forma en la que implementan los “programas sociales” para ricos es mediante el otorgamiento de permisos especiales para que no se paguen impuestos por artículos que, en realidad, solo compran los más ricos.

Como ha mostrado el Centro de Análisis e Investigación Fundar, un claro ejemplo de estos “programas sociales” para ricos son las deducciones a la venta de una casa habitación. Actualmente, el gobierno permite que las personas no paguen impuestos por la venta de una vivienda si ésta vale menos de 4.6 millones de pesos (700 UDIS). Este beneficio, aunque pareciera que podría beneficiar a todos, en realidad solo beneficia al 3% más rico porque el 97% de las personas en México tienen casas que valen menos que eso. De hecho, el valor promedio de una casa en México es cercano a los 700 mil pesos y por ello, una excepción a la venta de 1.2 millones de pesos sería más que suficiente para apoyar a la mayoría de los mexicanos.

El que la excepción esté diseñada para tener un valor tan alto es en realidad un privilegio que aparenta beneficiar a todos, pero en realidad le conviene solo a los más ricos porque reduce la cantidad de recursos disponibles para otros gastos públicos.

Lo mismo puede decirse de otras deducciones como la que existe a los donativos a organismos, al pago de primas de seguros médicos privados, la transportación escolar privada o las colegiaturas. Todas estas deducciones podrían mantenerse pero con un diseño diferente, uno que en realidad apoyar a las clases medias en vez de a los más ricos.

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Al momento no es así. Por el contrario, el diseño de las deducciones (incluida la forma en la que se aplican) han hecho que el 98% de las deducciones a donativos beneficien solo al 10% más rico de México. Y lo mismo puede decirse para el 92% de las primas de seguros, el 90% de las deducciones a transporte público, y el 81% de las de colegiaturas.

Esto es posible y deseable tener programas sociales para clases medias y eliminar los programas sociales para ricos. Ello requiere que el gobierno invierta tiempo y capacidades en rediseñar el sistema fiscal. Por ejemplo, los beneficios de las exenciones a los sistemas de enseñanza se concentran en un 69% en las clases medias o bajar. En cambio, solo el 19% de las deducciones a las colegiaturas benefician a estos estratos sociales. El beneficio debe centrarse entonces en ampliar el primero y reducir el segundo.

Urge una reasignación del gasto público hacia las personas que más lo necesitan. Esta semana el Coneval presentó datos de cómo se ha avanzado en proveer de servicios básicos de educación, salud y vivienda a los mexicanos. El resultado es un escándalo: México es anormalmente similar al que era hace diez años.

Nos quedamos muy lejos de la meta de reducir carencias básicas. Por ejemplo, el rezago educativo que debió caer en 19 de 100 puntos solo cayó en dos; el hacinamiento, que debió haberse reducido en 12 puntos, se redujo solo en cuatro; y la carencia de drenaje que debió caer en 8 puntos solo logró reducirse en dos. Es decir, México se quedó a una cuarta parte del camino.

Y a veces, ni avanzamos. Peor aún, en cuando a acceso a la salud, estamos peor que hace cinco años. En 2015, el 17% de la población reportaba tener acceso a servicios de salud, ahora solo el 21% reporta lo mismo. Esto refleja el más profundo fracaso de un país como México: su imposibilidad para crear servicios públicos básicos para atender a las personas de más bajos recursos.

Esto se debe en gran medida a que nuestro país simplemente no tiene suficientes recursos para ofrecer servicios de manera universal. Es momento de cambiar el diseño fiscal de raíz.

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Nota del editor:

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