El asunto no es la anécdota de unos cuantos adjetivos emitidos por el presidente, es de fondo. Al desacreditar a la prensa desde la llamada “primera tribuna del país”, el ejemplo se replica, dirigentes partidistas de Morena –los que han transitado por esa posición– han hecho suyas las palabras de “prensa vendida” y en las redes sociales se confirma el efecto multiplicador. Se puede hacer el ejercicio de escribir en un buscador de internet la frase “Chayotero en Twitter” y le aparecerán cerca de 80,000 posteos detectados en .36 segundos.
¿De dónde viene la motivación a la actual situación?, ¿por qué se ataca a la prensa desde el poder? Una posible respuesta a las dos preguntas se obtiene con una premisa de la cultura popular: “El que nada debe, nada teme”. Es decir, la respuesta simple es porque la esencia de la prensa es denunciar los abusos del poder y si quienes ocupan –por un momento– esos espacios cometen abusos y éstos son expuestos en los medios, entonces los encargados de los gobiernos simplemente no verán con buenos ojos a la prensa y tratarán de desacreditarla.
Lo anterior resulta simple, pero es complejo. La intentona se convierte en un síntoma: mientras más se ataque y se desacredite a la prensa será porque en el fondo se sabe que hay mucho por publicar y quien ejerce el poder buscará que lo publicado carezca de credibilidad.
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Ahora bien, la libertad de expresión no es un beneficio que permita un gobierno o algún funcionario, se trata de una garantía de derechos asentada en la Constitución.
En el artículo 6o. se detalla: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado” (negritas del autor).