Votar desde la cárcel será, a partir del próximo mes de mayo, una realidad.
El 20 de febrero de 2019, una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconoció el derecho al voto de las personas en prisión preventiva en México, bajo la premisa de que, toda vez que no han sido encontradas culpables del delito por el que se les acusa, es decir, bajo la presunción de inocencia, aún pueden ejercer sus derechos políticos.
Esto fue posible gracias a la petición de dos hombres indígenas en prisión preventiva en Chiapas que en 2018 exigieron respetar su derecho al voto. Y enhorabuena: se trata de un ejercicio que les reconoce derechos y beneficia la reinserción social.
Este mayo de 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizará una prueba piloto de votación en cinco centros federales (ubicados en Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán) para establecer mecanismos y herramientas de participación de esta población en cárcel y, con ello, garantizar su voto en las elecciones presidenciales de 2024.
Los preparativos ya han comenzado. Los lineamientos para la conformación de la lista nominal de electores en prisión preventiva ya fueron publicados y, en los siguientes días, el INE deberá enviar fichas de registro a cada persona en prisión preventiva que esté interesada en votar en estos centros.
Pero, ¿por qué una persona privada de la libertad querría votar? ¿Por qué, si durante su privación de libertad suelen vivir violaciones a sus derechos de forma sistemática? ¿Qué podría significar para ellas y ellos este ejercicio?
Desde nuestra perspectiva, decidir votar desde la cárcel es poder incluirse en la toma de decisiones relacionadas con la sociedad a la que pertenecen. Este ejercicio podría reforzar, en términos políticos, los vínculos sociales, garantizar el involucramiento en la participación democrática de sus comunidades y darles la oportunidad -hasta hoy negada- de moldear la realidad a la que se enfrentarán una vez que salgan de prisión, en relativa igualdad de condiciones con las demás personas votantes.
Hablar hoy de votar desde el encierro en prisiones abre también la puerta a la discusión sobre las condiciones de vida dentro de estos espacios y la falta de acceso a derechos de quienes las habitan; de quiénes son las y los perpetradores de estas violaciones; de cuáles son las vías para erradicarlas; de cuál es el papel de las y los actores políticos -y las y los votantes- en la configuración de sistemas de corrupción, autogobierno, violencia sistemática e impunidad en las prisiones.
Sin duda, este ejercicio ayudará a dar visibilidad a las personas privadas de la libertad y, ojalá, a generar interés de las y los candidatos electorales y partidos políticos sobre sus condiciones de vida, de modo que, tras estar en el completo olvido de la agenda política y electoral, por fin sean consideradas y considerados dentro de los programas y propuestas de políticas públicas y algunas de estas estén encaminadas al mejoramiento de las prisiones en las que hoy se encuentran, así como de las realidades que les esperan ese día en que, por fin, crucen la puerta hacia su libertad.
Si este ejercicio es tomado en cuenta, respetado y seriamente incluido en el proceso político electoral que ya ha arrancado, el derecho al voto de personas en prisión preventiva podría tener un impacto real en el proceso de reinserción social y, por qué no, en los resultados electorales.
Quedará, por parte de autoridades electorales y de instituciones y partidos políticos, asegurar que los procesos de registro de personas votantes así como el propio ejercicio del voto puedan darse en condiciones de equidad, seguridad y secrecía; que la calidad y cantidad de información sobre las y los candidatos que llegue a las y los votantes en prisión sea accesible y suficiente; que puedan emitir su voto de manera libre y sin coacción; que existan ajustes y reconocimiento necesario para personas de distintos grupos en vulnerabilidad como es las personas con discapacidad, la población trans, las mujeres, las personas indígenas… y, finalmente, que exista personal debidamente capacitado y espacios dignos para llevar a cabo este ejercicio.
Frente a los mitos y miedos que han surgido a raíz del voto en prisiones, baste recordar algo muy sencillo: el voto es un derecho y México era, hasta ahora, un país con un sistema democrático que negaba su acceso a las personas privadas de la libertad, perpetuando la desigualdad y la invisibilización de un grupo de por sí vulnerable.
En tanto esta nueva puerta se abre, desde la sociedad civil daremos un seguimiento a los preparativos y desarrollo de la jornada electoral a través de nuestro Observatorio de elecciones y derechos políticos en prisión con miras a poder emitir recomendaciones para mejorar este ejercicio y que, en 2024, el voto en prisiones pueda garantizar una libertad siempre negada, olvidada para quienes están en cárcel: ser Libres para elegir.
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Nota del editor: La autora es comunicadora especializada en derechos humanos e integrante de Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.
