Desafortunadamente, pareciera que este entendimiento institucional que se ha creado en México no se comprende de esta forma por quienes encabezan estas autoridades electorales. Desde hace algunos años, la disputa entre quienes son los árbitros de los procesos electorales ha sido la regla. La búsqueda por demostrar que el órgano revisor –aquel de carácter jurisdiccional–, es jerárquicamente superior respecto de la autoridad administrativa electoral, ha sido la constante en las diferencias que se han dado desde hace ya varios años.
Muestra de ello son el cúmulo de resoluciones en las que el INE toma una determinación y al ser revisada por el Tribunal mediante alguna impugnación, esta es revocada sin posibilidad de enmendar las deficiencias identificadas o emitir una nueva, como ocurrió en su momento con los asuntos de los mensajes pagados por el Partido Verde durante el periodo de silencio electoral, los lineamientos denominados «Cancha pareja», el fideicomiso «Por los demás» de Morena o recientemente respecto de las medidas cautelares adoptadas sobre las conferencias mañaneras del presidente. También se han dado casos en los que revocan lo resuelto por el INE simplemente para tomar una decisión similar, pero con otros argumentos, como pasó con la negativa de registro de México Libre o la paridad en gubernaturas para las elecciones 2021.
Más del tema:
Estas diferencias que pudieran considerarse normales entre órganos especializados en la misma materia, pero cuya naturaleza es distinta y en el que uno es revisor del trabajo de los otros, no se ha quedado solamente en el terreno del ejercicio de sus funciones y también se ha llevado al plano mediático, en donde consejeros, consejeras, magistrados y magistradas han intercambiado declaraciones e incluso en algunas ocasiones ataques directos entre ellos.
