La fortaleza de una democracia recae, entre otros aspectos, en las instituciones que se crean para salvaguardarla, así como en la vigencia del Estado de derecho. En México, desde que comenzó la transición a la democracia, hemos apostado por impulsar la pluralidad política y conformar instituciones electorales solidas que sean, idealmente, autónomas e imparciales. Una es la encargada de organizar las elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE), y la otra resuelve los conflictos y controversias que se generen con motivo de las elecciones, y revisa que todas las decisiones de la autoridad electoral se apeguen al marco jurídico. Este esquema dual de autoridades electorales –administrativa y jurisdiccional– se reproduce a nivel local en cada entidad federativa con los institutos y los tribunales electorales. Todas ellas forman parte de un mismo sistema electoral que busca, como ya lo adelantaba, preservar la democracia mexicana y defender el Estado de derecho.
#ColumnaInvitada | Árbitros en disputa
Desafortunadamente, pareciera que este entendimiento institucional que se ha creado en México no se comprende de esta forma por quienes encabezan estas autoridades electorales. Desde hace algunos años, la disputa entre quienes son los árbitros de los procesos electorales ha sido la regla. La búsqueda por demostrar que el órgano revisor –aquel de carácter jurisdiccional–, es jerárquicamente superior respecto de la autoridad administrativa electoral, ha sido la constante en las diferencias que se han dado desde hace ya varios años.
Muestra de ello son el cúmulo de resoluciones en las que el INE toma una determinación y al ser revisada por el Tribunal mediante alguna impugnación, esta es revocada sin posibilidad de enmendar las deficiencias identificadas o emitir una nueva, como ocurrió en su momento con los asuntos de los mensajes pagados por el Partido Verde durante el periodo de silencio electoral, los lineamientos denominados «Cancha pareja», el fideicomiso «Por los demás» de Morena o recientemente respecto de las medidas cautelares adoptadas sobre las conferencias mañaneras del presidente. También se han dado casos en los que revocan lo resuelto por el INE simplemente para tomar una decisión similar, pero con otros argumentos, como pasó con la negativa de registro de México Libre o la paridad en gubernaturas para las elecciones 2021.
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Estas diferencias que pudieran considerarse normales entre órganos especializados en la misma materia, pero cuya naturaleza es distinta y en el que uno es revisor del trabajo de los otros, no se ha quedado solamente en el terreno del ejercicio de sus funciones y también se ha llevado al plano mediático, en donde consejeros, consejeras, magistrados y magistradas han intercambiado declaraciones e incluso en algunas ocasiones ataques directos entre ellos.
Las diferencias entre autoridades electorales no son nuevas, y repito, incluso podrían resultar propias de las funciones que desempeña cada institución. En otros países estos diferendos institucionales también se ven con relativa frecuencia. Por ejemplo: en la reciente elección de Ecuador uno de los temas que destacó durante las campañas fue la tensión que existió entre el Consejo Nacional Electoral, la autoridad administrativa y el Tribunal Contencioso Electoral.
Lo que me llama la atención es que la visión en muchos casos pudiera parecer de enfrentamiento permanente, defensa y ataque, los cuales nunca cesan. En lugar de entenderse como complemente de un mismo sistema y con un objetivo común que es tener elecciones de mejorar calidad y ser una pieza más en la consolidación de la democracia mexicana, parece que la lucha de vanidades es el motor que impulsa el constante deseo de destacar más que la otra instancia y sobre todo de imponerse en la toma de decisiones.
Ante las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, y sin duda unas de las mas importantes por lo que está en juego, es necesario que tanto el INE como el TEPJF, así como sus correlativas en las entidades federativas, se pongan del lado de la democracia. La cuiden en cada una de las decisiones que toman y de las acciones que realizan y que ante todo defiendan los principios democráticos y jurídicos del país.
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