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#BuróParlamentario | Cuando el desaforado se apellidaba López Obrador

La última vez que un gobernador opositor al presidente fue sujeto a un juicio de desafuero, las cosas no le resultaron del todo bien al Ejecutivo en términos de opinión pública.
lun 01 marzo 2021 11:59 PM
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López Obrador vivió un proceso de desafuero solicitado por Vicente Fox.

Cuando se habla de los parlamentos, generalmente se piensa la discusión y aprobación de cambios a las leyes vigentes. Sin embargo, estos órganos realizan otras tareas a veces más notorias que la legislativa. Una de ellas, es a la función jurisdiccional que se observa cuando la cámara se erige como jurado para quitarle el fuero a ciertos funcionarios.

Desde 1917 la Cámara de Diputados ha procesado un total de nueve casos de desafuero. El primer diputado federal en perder el fuero fue Julio César Godoy (PRD), medio hermano del entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy. En diciembre de 2010, tras una sesión de una hora en San Lázaro, 348 de 371 diputados se manifestaron a favor de retirarle el fuero a Julio César Godoy acusado por la PGR de tener vínculos con el crimen organizado.

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El más reciente caso es el de Cipriano Charrez Pedraza, acusado por la procuraduría de Hidalgo por homicidio culposo. Su desafuero se aprobó en abril de 2019 con 347 votos a favor, 36 en contra y 53 abstenciones.

A la par de la discusión que estará llevando a cabo en el congreso federal sobre la iniciativa de reforma energética presentada por el presidente López Obrador, en estos días se desarrollará en la Cámara de Diputados, el proceso de desafuero del actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca.

La sección instructora es el órgano de la Cámara de Diputados facultado para abrir un periodo de recepción y calificación de pruebas, así como la generación de un expediente y recomendaciones para que los servidores públicos que gocen de fuero y sean denunciados por algún órgano jurisdiccional, puedan ser sujetos de acción penal.

Actualmente, la sección instructora es presidida por Pablo Gómez (Morena). Sus secretarias son las diputadas Martha Patricia Ramírez (Morena) e Ivonne Álvarez (PRI), mientras que Ana Ruth García Grande (PT) cumple el rol de integrante. Vale la pena recordar que actualmente la sección instructora tiene varios asuntos en el tintero como el desafuero del diputado local Mauricio Toledo (acusado de enriquecimiento ilícito), el del senador Cruz Pérez (acusado de recibir dinero del exgobernador de Chihuahua, César Duarte), el del fiscal de Morelos. Uriel Carmona y las últimas consideraciones del caso Rosario Robles.

El desafuero del gobernador Cabeza de Vaca podrá tardar hasta 70 días (prorrogables) en la etapa inicial de pruebas que correrá cargo de la sección instructora. Una vez que dicho órgano cuente con los elementos suficientes para emitir sus conclusiones, el siguiente paso es someter el asunto a votación del pleno. Si más del 50% de los diputados presentes en la sesión lo aprueban, entonces el proceso se deberá llevar a cabo en el congreso local de Tamaulipas siguiendo los mismos pasos que los observados en la cámara federal.

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Posiblemente, el aspecto más importante a considerar en todo este tema tiene que ver con sus implicaciones electorales. Las etapas más críticas del desafuero de Cabeza de Vaca se llevarán cabo en pleno periodo electoral.

En tal sentido, este asunto representa una de las llaves para que la principal propuesta de Morena (combatir la corrupción barriendo desde arriba) se mantenga vigente durante la campaña. En segundo lugar, se debe tener en cuenta que, si el proceso llega hasta el congreso local de Tamaulipas, ahí el gobernador goza de una mayoría de su partido, que ha sido relativamente disciplinada, por lo que se antojaría difícil que le volteen la espalda repentinamente.

Como se puede ver, hasta ahora han sido muy pocos los desafueros que se han aprobado en la cámara federal, por lo que no se puede decir que estos sean un mecanismo eficiente, ni de ejercicio de justicia, ni de golpeteo político.

Sin embargo, lo que resulta verdaderamente importante destacar es que esta es una de las pocas ocasiones en que un presidente usa el tema a su favor electoral, para fortalecer su mensaje de campaña y debilitar a la oposición, contando con una sección instructora favorable y un congreso mayoritario.

La última vez que un gobernador opositor al presidente fue sujeto a un juicio de desafuero, las cosas no le resultaron del todo bien al Ejecutivo en términos de opinión pública. En aquel episodio, el presidente se llamaba Vicente, el acusado se apellidaba López Obrador.

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Nota: Sergio A. Bárcena es doctor en Ciencia Política por la UNAM. Especialista en Poder Legislativo. Investigador del Tec de Monterrey y director de la asociación Buró Parlamentario.

Buró Parlamentario es una asociación civil que busca vigilar al Poder Legislativo promoviendo una ciudadanía informada, activa y participativa.

Twitter: @BuroParlamento

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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