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Solicitud para desaforar al gobernador de Tamaulipas estará en manos de Morena

Tocará a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, presidida por un morenista, definirá si procede quitar el fuero al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
jue 25 febrero 2021 05:55 AM
Cabeza de Vaca
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, será sometido a un juicio político para desaforarlo.

La solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, polemizó a la clase política en el país. Para quienes apoyan al mandatario estatal se trata de un “uso faccioso de la justicia”, en tanto que las autoridades advierten que no “hay venganza política” y que habrá transparencia en el proceso.

Cabeza de Vaca fue electo gobernador en 2016. Ha sido diputado federal, presidente municipal, diputado local y senador por el PAN, y ahora está acusado delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal. Su proceso de desafuero estará en manos de Morena.

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¿Qué es la solicitud de declaratoria de procedencia?

Esta solicitud es para remover la inmunidad procesal (fuero) de los servidores públicos para ponerlos a disposición de una autoridad judicial a fin de que ésta los juzgue por posibles delitos cometidos durante el desempeño de su encargo, a petición de los ciudadanos, los particulares con derecho o el Ministerio Público.

Es facultad de la Cámara de Diputados, como órgano acusador, emitir la declaración de procedencia, pero no juzgar, es decir sólo elimina el fuero constitucional para que posteriormente el servidor público pueda ser juzgado. Esta declaratoria solo puede darse durante el cargo del servidor público, pues si concluye su periodo laboral, ya no procede. Cabeza de Vaca concluye su periodo en 2022.

¿Qué sigue en el proceso?

De acuerdo con la Ley La Ley Federal de Responsabilidades los Servidores Públicos, cuando se presenta una denuncia o querella por particulares o el requerimiento del Ministerio Público, se actúa con el procedimiento en materia de juicio político ante la Cámara de Diputados.

Para tales efectos la Comisión Jurisdiccional, a través de la Sección Instructora, deberá rendir su dictamen en un plazo máximo de 70 días hábiles –que concluirían a principios de junio, cuando se celebre la jornada electoral– salvo que fuese necesario disponer de más tiempo, pues a criterio de la Sección puede ampliarse el tiempo si se requiere.

La Sección Instructora realizará las diligencias para establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero. Una vez concluida, se dictamina si hay lugar a proceder penalmente en contra del inculpado. Si resulta improcedente, se informa a la Cámara para que resuelva si se continúa o desecha, en tanto que si determina que se puede proceder, el inculpado queda inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes.

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¿Quiénes integran las comisiones que resolverán el proceso?

Actualmente, la Comisión Jurisdiccional está integrada por la diputada de Morena, Martha Patricia Ramírez Lucero, quien la preside; también participan en ella Alejandro Carvajal Hidalgo, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Pablo Gómez, del mismo partido, y hay tres vacantes que pertenecen al mismo grupo parlamentario.

Además, están Ana Ruth García Grande, del PT, Francisco Javier Saldivar Camacho, del PES, Raúl Gracia Guzmán y José Elías Lixa Abimerhi, del PAN, Anilú Ingram Vallines, del PRI, y Juan Carlos Villarreal Salazar, sin partido.

En tanto que la Sección Instructora está presidida por Pablo Gómez, la secretaria es Martha Patricia Ramírez, y las dos personas que la integran más son Anilú Ingram y Ana Ruth García.

Al respecto, el PAN anunció que exigirán estar presentes y participar en la Sección, dado que fueron excluidos: “Seremos vigilantes del debido proceso y el respeto a la legalidad y a mantener en todo momento principios jurídicos de presunción de inocencia y debido proceso”, dijo en conferencia el coordinador Juan Carlos Romero Hicks.

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¿Quién pidió desaforarlo?

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, informó en un tuit el martes 23 de febrero que la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó la declaratoria de procedencia (o desafuero) del gobernador Cabeza de Vaca.

¿Cuál es el motivo de la solicitud?

De acuerdo con la solicitud, las causas son probable comisión en los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

El gobernador fue mencionado por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de recibir sobornos para aprobar las reformas estructurales del entonces presidente Enrique Peña Nieto en 2012. Previamente había enfrentado acusaciones por sus presuntos vínculos con grupos del crimen organizado, quienes le habrían dado dinero para impulsar su carrera política.

No obstante, los detalles del expediente se desconocen debido a que se está realizando una investigación judicial al respecto. En conferencia de prensa, el fiscal Alejandro Gertz explicó que a partir de este momento “ese expediente está en manos del Congreso de la Unión” y tienen que respetar su autonomía.

En medios se ha publicado información al respecto. Milenio dio a conocer que en meses pasados, particulares presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos, y derivado de ella, la Unidad de Inteligencia Financiera –de Hacienda– y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación. Señaló que se acreditaron triangulaciones financieras entre abril y diciembre de 2019 por 42 millones de pesos.

La polémica solicitud

La solicitud será ratificada este jueves 25 de febrero, según el documento presentado por el diputado Mier Velazco. Fue presentada un mes antes de que arranquen las campañas electorales y en medio de la polémica por los resultados de la Cuenta Pública 2019, correspondientes al primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El gobernador recordó que desde que empezaron las especulaciones hace un año se le pudo llamar a comparecer y no ahora, cuando están en puerta las elecciones de 2021, donde se elegirán a 15 gobernadores y se renovará a los 500 diputados federales.

Ve también: La FGR pide desaforar a Cabeza de Vaca; él acusa "uso faccioso"

Dijo que presentó su inconformidad porque se violó la ley y el debido proceso, al filtrar un documento que fue entregado al coordinador de los diputados de Morena y solicitó una copia de la “supuesta denuncia”.

“Estas denuncias que hoy en día se están presentando, no son producto de casualidad, son producto de persecución política dadas directamente de Palacio Nacional. Queremos, yo en lo personal exijo, poder contar con los documentos que ellos señalan para poder tener una defensa justa y adecuada”, aseguró en conferencia.

Por su parte, Mier Velazco rechazó que fuera una “filtración” y señaló que la solicitud será turnada a la instancia correspondiente y se notificará al imputado para que conozca la carpeta de investigación y los hechos que le imputa la FGR.

Por la mañana, tanto el fiscal Alejandro Gertz como el presidente negaron que se trate de una venganza política y que el proceso será transparente.

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