El presidente más feminista con un precandidato acusado de violación

Aún así, tras dos años de gobierno y de cara a las próximas elecciones, es relevante preguntarnos: ¿es López el presidente más feminista de la historia? ¿Está el presidente cumpliendo con sus promesas en la materia?

Una comparativa difícil de realizar sin definir qué significa ser feminista, sin analizar puntualmente los hechos de su gobierno y sin comparar las políticas y narrativa de los gobiernos anteriores.

Si bien existen varias aproximaciones al tema, podemos entender por persona feminista aquella que está convencida que nadie debe ser privado de su dignidad, ser víctima de abusos y discriminación por su sexo-genero y a partir de ello impulsa la equidad entre personas.

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Si analizamos los hechos de este gobierno podemos encontrar en favor del argumento inicial, que el presidente cumplió como ninguno otro de sus antecesores con garantizar que el porcentaje de mujeres y hombres en su gabinete fuese equitativo, en la actual administración las mujeres ocupan el 50% de las secretarías de Estado; de igual forma impulsó sólo candidaturas a ministras para ocupar los asientos vacantes en la Suprema Corte de Justicia; designó por primera vez en la historia del país a la primer secretaria de Gobernación, de Seguridad, a las dos primeras secretarias de Economía y a la primera embajadora de México ante los Estados Unidos.

En contraste el actual gobierno es responsable de desmantelar la estructura de protección a la mujer; en dos años, ha eliminado los fideicomisos que permitían el buen funcionamiento de la Red Nacional de Refugios; de los programas de los varios institutos de la mujer, de los recursos necesarios para la prevención del delito y la procuración de justicia y ha dejado en la inoperabilidad al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJER), a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), entre otras.

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Asimismo, el presidente López ha rechazado dialogar con colectivos feministas, de víctimas de la violencia de género, de las madres de desaparecidos. Su rechazo ha ido más allá, al declarar que dichos movimientos son en realidad ejercicios políticos manejados por la oposición.

En cifras de violencia, 2019 y 2020 son los años con la mayor cantidad de feminicidios, de homicidios dolosos en contra de mujeres, de trata de personas, de violencia familiar desde que contamos con registros; 2019 también fue el tercer peor año en materia de violaciones.

También en estos casos las declaraciones con las que el presidente justificó el mal desempeño institucional incluyen un ejercicio por desestimar la génesis de la violencia de género y simplificar el problema –según López, feminicidio y homicidio doloso son lo mismo– ha declarado que las llamadas de auxilio hechas por mujeres para denunciar la violencia familiar y de género –que durante la actual pandemia crecieron más del 20% comparado con 2019– son simples bromas hechas a la autoridad.

¿Ello es suficiente para refutar o confirmar las declaraciones de Sandoval? No, ser el presidente más feminista de la historia también implicaría haber tenido -pese a los tropiezos- acciones sin antecedentes para resolver el problema histórico de segregación, discriminación y violencia en contra de las mujeres.

No cabe duda que ni los gobiernos del siglo XX ni los del actual siglo lograron resolver un problema con profundas raíces culturales, lo demuestran las cifras de incidencia de casos de violencia de género en las pasadas administraciones, el hecho que la violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres sea observable en todos los estratos sociales, desde las comunidades rurales –donde aún prevalecen usos y costumbres como vender a niñas, casarlas con adultos y violentarlas física y psicológicamente– hasta los niveles socioeconómicos y educativos más elevados.

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Basta recordar que aún en la actualidad, en México, hay grandes despachos de abogados donde las mujeres no pueden llegar a ser socias; que el número de mujeres que dirigen empresas, que tienen asientos en los consejos de administración, que son rectoras de universidades, directoras de centros de investigación, es proporcionalmente muy bajo.

Pese a ello, en las últimas tres administraciones federales también se llevaron a cabo transformaciones importantes en nombramientos, reformas institucionales y legislativas.

De 2000 a la fecha muchas funcionarias rompieron techos de cristal, subsanaron brechas salariales y ocuparon lugares tradicionalmente asignados a hombres: en los primeros 18 años del milenio vimos el nombramiento de la primera y la segunda procuradora general de la República, de la primera y segunda subprocuradora de Delincuencia Organizada, de la primer procuradora Social y la primer comisionada de Atención a Víctimas, de la primer comisionada general de Policía Federal, de la primer comisionada de Acceso a la Información Pública, de la primer secretaria de la Función Pública, de Energía, de Desarrollo Social, de Turismo, de la primer comisionada nacional Antisecuestro, de la primera Jefa de la Oficina de la Presidencia, entre muchas otras.

Dicho sea de paso, no sólo los nombramientos de administraciones pasados son tan relevantes como los del actual gobierno, sino que es evidente que dichos sexenios cada una de esas servidoras públicas contó con mayor autonomía y poder de lo que sus homologas gozan en la actual administración.

De igual manera en los últimos tres sexenios se impulsó la tipificación del feminicidio, de la trata de personas, se desarrollaron los sistemas estadísticos que transparentan el número de casos y víctimas de estos delitos, se impulsaron ejercicios estadísticos para conocer el rol de la mujer en la sociedad y su acceso a la justicia.

También se crearon el INMUJER, la CONAVIM, la CONAPRED, la CEAV; se impulsó la creación de fiscalías especializadas en esta materia; los centros de justicia paga la mujer; las alertas de género; el uso de protocolos como Alerta Amber para la pronta reacción de personas desaparecidas, entre muchas otras políticas públicas donde las víctimas y colectivos no sólo fueron parte clave de la creación de éstas y de las instituciones, sino que también sostuvieron un diálogo constante y respetuoso con la autoridad federal.

Es así que los dichos de la secretaria Sandoval acerca del presidente López parecen infundados, no hay evidencia que López sea el más feminista de la historia ni a partir de la narrativa que impulsa, ni de los hechos de su gobierno.

Por si no fuese suficiente, el apoyo del presidente a la precandidatura del senador Felix Salgado como gobernador de Guerrero, por el partido de López, Morena, es una cachetada a todas las mujeres víctimas de violencia de género.

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Salgado siempre ha sido un personaje polémico, famoso por sus altercados y zafarranchos públicos en estado de ebriedad, y hoy es acusado de violación, abuso sexual, lesiones dolosas, chantajes y amenazas en contra de por lo menos cinco mujeres.

Poco han servido los pronunciamientos en contra de Salgado por parte de muchas de sus correligionarias y movimientos de mujeres, el partido del presidente y el presidente mismo le han dado su bendición en el camino a la candidatura oficial de Morena para gobernador de Guerrero.

Ello resulta aún más lamentable si analizamos cómo en la entidad, del total de homicidios dolosos de mujeres, sólo el 7% se investiga bajo el protocolo de feminicidio; que el estado ocupa el séptimo lugar nacional en homicidio doloso de mujeres; que en Guerrero delitos como trata de personas, violación o violencia familiar crecieron entre 2019 y 2020.

López comete un grave error al obviar cualquier forma de condena en contra de Salgado, lo que en otros sexenios hubiese llamado “mafia del poder”, es ahora su forma de proteger a aliados y gobernar al país.

López no es el presidente más feminista de la historia, las acciones emprendidas por su gobierno en favor de la mujer no son de mayor calado de las de que emprendieron anteriores administraciones; en contraste, el deterioro institucional, el abandono a las políticas de género, la omisión con los colectivos, los datos duros de violencia en contra de las mujeres sí son mucho más graves en este sexenio comparado con sexenios anteriores e impulsar -o por lo menos callar y tolerar- la candidatura de Salgado muestran un desprecio sin antecedentes a más del 50% de la población de nuestro país, las mujeres, mismas que fueron una pieza clave para que López llegase finalmente a ser presidente.

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El autor es director general del Observatorio Nacional Ciudadano.

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