También en estos casos las declaraciones con las que el presidente justificó el mal desempeño institucional incluyen un ejercicio por desestimar la génesis de la violencia de género y simplificar el problema –según López, feminicidio y homicidio doloso son lo mismo– ha declarado que las llamadas de auxilio hechas por mujeres para denunciar la violencia familiar y de género –que durante la actual pandemia crecieron más del 20% comparado con 2019– son simples bromas hechas a la autoridad.
¿Ello es suficiente para refutar o confirmar las declaraciones de Sandoval? No, ser el presidente más feminista de la historia también implicaría haber tenido -pese a los tropiezos- acciones sin antecedentes para resolver el problema histórico de segregación, discriminación y violencia en contra de las mujeres.
No cabe duda que ni los gobiernos del siglo XX ni los del actual siglo lograron resolver un problema con profundas raíces culturales, lo demuestran las cifras de incidencia de casos de violencia de género en las pasadas administraciones, el hecho que la violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres sea observable en todos los estratos sociales, desde las comunidades rurales –donde aún prevalecen usos y costumbres como vender a niñas, casarlas con adultos y violentarlas física y psicológicamente– hasta los niveles socioeconómicos y educativos más elevados.
Basta recordar que aún en la actualidad, en México, hay grandes despachos de abogados donde las mujeres no pueden llegar a ser socias; que el número de mujeres que dirigen empresas, que tienen asientos en los consejos de administración, que son rectoras de universidades, directoras de centros de investigación, es proporcionalmente muy bajo.
Pese a ello, en las últimas tres administraciones federales también se llevaron a cabo transformaciones importantes en nombramientos, reformas institucionales y legislativas.
De 2000 a la fecha muchas funcionarias rompieron techos de cristal, subsanaron brechas salariales y ocuparon lugares tradicionalmente asignados a hombres: en los primeros 18 años del milenio vimos el nombramiento de la primera y la segunda procuradora general de la República, de la primera y segunda subprocuradora de Delincuencia Organizada, de la primer procuradora Social y la primer comisionada de Atención a Víctimas, de la primer comisionada general de Policía Federal, de la primer comisionada de Acceso a la Información Pública, de la primer secretaria de la Función Pública, de Energía, de Desarrollo Social, de Turismo, de la primer comisionada nacional Antisecuestro, de la primera Jefa de la Oficina de la Presidencia, entre muchas otras.
