El pacto de impunidad que cobija y protege a agresores en todos los niveles y ámbitos de la vida pública y privada se va a caer… porque lo tenemos que tirar. En pleno siglo XXI el panorama para las mujeres en México es desolador: siete de cada diez mujeres han sufrido, al menos, un incidente de violencia. El 40% de éstas ha vivido violencia sexual, el 35% violencia física y el 30% violencia económica o discriminación laboral. [1] Más aún, cada hora, son dos las mujeres que son abusadas sexualmente. Cada dos horas y media, una mujer es asesinada en este país. Y los feminicidios han crecido en los últimos tres años: de siete al día en 2017 a once en 2020.
#ColumnaInvitada | #RomperElPacto: la lucha en las elecciones de 2021
No es sólo Salgado Macedonio, vemos a personas con diversas denuncias de violencia o abuso sexual registradas para contender a cargos de elección popular y a partidos y dirigentes que los cobijan.
@fmunayers
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Aún así, hoy vemos a personas con diversas denuncias de violencia o abuso sexual registradas para contender a cargos de elección popular. A partidos y dirigentes que los cobijan. Listos para representar y legislar en nombre de las mexicanas y mexicanos.
Si hay algo en lo que todas y todos, ciudadanía y partidos políticos, deberíamos coincidir, es en que no deberían de ocupar cargos de elección popular acosadores, agresores y deudores alimentarios. Y justamente de eso trató la incorporación del artículo 32 en los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género aprobados por el INE el pasado 28 de octubre. [2]
Dicho artículo establece que las y los aspirantes a una candidatura deben firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde aseguren que no han sido condenados o sancionados por (1) violencia familiar y/o doméstica; (2) delitos sexuales y (3) que no cuentan con registro vigente en un padrón de deudores alimentarios.
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Esta medida no es una concesión o una sugerencia. Es producto de un mandato legal y constitucional. El artículo 34 de nuestra Carta Magna establece como requisito de elegibilidad el tener un modo honesto de vivir. Quien caiga en cualquiera de los tres supuestos está cometiendo un delito, pues hay que recordar que a partir del año pasado la violencia política contra las mujeres en razón de género es ya considerada un delito electoral con pena de hasta seis años de prisión.
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Las autoridades electorales, locales y federal, están obligadas a verificar los requisitos de elegibilidad y a cumplir con el marco normativo vigente. No se trata de vulnerar el principio de presunción de inocencia ni el derecho a ser votado, sino de garantizar que quien busca un espacio en la vida pública no sea, simplemente, un delincuente.
El llamado “3 de 3 en contra de la violencia” es también consecuencia de tres reformas constitucionales de gran envergadura. La reforma de derechos humanos de 2011, la reforma de paridad total de 2019 y la reforma sobre la violencia política en contra de las mujeres por razón de género de 2020. Tan solo esta última modificó ocho leyes federales y generales y mandató al INE la emisión de los lineamientos que se han mencionado.
El mecanismo aprobado por unanimidad en el Consejo General y con el acompañamiento (en los dichos) de todas las fuerzas políticas tiene que ver con el tipo de democracia que queremos tener y con el tipo de personas que queremos que nos representen. Su finalidad última es evitar la llegada al poder de agresores, acosadores y deudores alimentarios, pues es indispensable elevar el contexto de exigencia y la calidad de las personas en los más altos cargos de nuestro país.
Esta medida es un triunfo de la sociedad civil, de colectivos de mujeres de distintas trincheras –encabezadas por Yndira Sandoval– que iniciaron un movimiento que no va a parar. El 3 de 3 pronto será un requisito no sólo para ocupar los cargos de elección popular, sino las designaciones de funcionarios públicos, además de ser un requisito en concursos públicos de órganos autónomos.
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En las elecciones del próximo 6 de junio se elegirán más de 21 mil cargos en todo el país. Por primera vez se ejercerá el principio constitucional de paridad. La mitad de los cargos serán ocupados por ellas. Por primera vez se contará con un marco normativo sólido que las protegerá para que puedan competir y ejercer sus cargos en igualdad de condiciones y libres de violencia.
Las personas candidatas y los partidos que las respaldan, arropan y defienden tendrán que asumir que lo privado es –y debe ser– de interés de público. Y que las urnas reflejarán la exigencia que muchos parecen hoy menospreciar.
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Notas:
[1] ENDIREH
[2] INE/CG517/2020
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Nota del editor:
Farah Munayer es maestra en Administración Pública Internacional por Sciences Po. Asesora del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Twitter @fmunayers
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.
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