Como era de esperarse, 2021 inició con un promedio de homicidios equivalentes a los de 2020: 97 víctimas de homicidio doloso, 1 cada 25 minutos.
Dicho de otra manera, entre 2019, 2020 y en los primeros 40 días de 2021 no ha habido mejoras en materia de violencia y no se ve en el horizonte algún factor que pueda invitar al optimismo para los meses futuros.
En contraste a los datos duros, la nueva titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Rodríguez, lee signos alentadores de disminución de homicidio y promete un refuerzo de la estrategia que significa el desplazamiento de fuerzas federales en el territorio.
Lamentablemente, esa acción dista de ser una estrategia, falla en desplazar a Guardia Nacional, Ejército y Marina Armada de México, en los puntos más álgidos de violencia y adolece de elemento clave: en los hechos el control de la Guardia Nacional lo detiene el secretario de la Defensa y no Rodríguez.
Además, la relación entre federación, entidades y municipios se encuentra particularmente fracturada y los recortes presupuestales debilitan todo posible resultado.
Combatir la violencia significa disuadirla, prevenirla, reaccionar prontamente y sancionar el delito, sin este último elemento, la presencia policial y militar es inútil.
Para nadie es una sorpresa los altos niveles de impunidad que tenemos en México, de cada 100 delitos menos de uno se sanciona, incluso en materia de homicidio el nivel de eficacia entre delito-investigación-sanción ronda, según la fuente, entre el 10 y el 50%.
El sistema de procuración de justicia de nuestro país se encuentra absolutamente colapsado, tenemos personal insuficiente, mal capacitado, mal tratado, mal motivado, mal pagado, con deficientes recursos y tecnología, donde unos cuantos –a pesar de todo ello– hacen la labor de muchos.
Por ello, debemos reconocer los esfuerzos de algunas procuradurías y fiscalías del país. Precisamente este martes 9 de febrero presentamos uno de estos esfuerzos: el Reporte del acompañamiento ciudadano a la Estrategia contra los homicidios dolosos en Ciudad de México.
Un esfuerzo iniciado en 2019 y que –pese a la pandemia– se trabajó a lo largo de todo el 2020 para agilizar los sistemas de investigación de homicidio, profesionalizar al personal y focalizar esfuerzos. Este ejercicio, impulsado por la Fiscalía capitalina, incluyó la colaboración de la Embajada Francesa, de la Fundación Naumann y del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
Con miras a reducir la impunidad en este delito la FGJCDMX implementó Unidades Criminalísticas de Proximidad (UCP), células colaborativas que se hacen responsables de la investigación del homicidio en la CDMX desde la noticia criminal hasta la presentación del caso en los tribunales.
La Embajada Francesa donó el trabajo de expertos que ayudasen a agilizar las investigaciones y la Fundación Naumann y el ONC donamos análisis, protocolos y capacitación para el personal ministerial.
La crisis de homicidios que la Ciudad de México vive, iniciada en 2016 y que en 2020 presentó reducciones significativas, está lejos de encontrarse contenida, el paso hacia adelante es importante y loable, más no suficiente, debe ser maximizado y fortalecido con sistemas de colaboración intra e inter institucional y contar con los recursos suficientes para que madure.
Sin embargo, este sí es un ejemplo claro de cómo se construye una estrategia, cómo se trabaja seriamente, cómo se evalúa objetivamente y cómo se hacen los ajustes necesarios bajo un liderazgo, el de la Fiscal Ernestina Godoy, que sabe que hay muchas deficiencias y está receptiva a una crítica constructiva para reconstruir la institución.
Este proyecto, adaptado a las características y condiciones locales arrancará en los próximos días en las fiscalías de Guanajuato y Oaxaca donde hay autoridades que están dispuestas a la observación y apoyo de otras instituciones y de la sociedad civil.
Ojalá la federación y la secretaria Rodríguez tomen ejemplo de las fiscalías de Ciudad de México, Guanajuato y Oaxaca, para así desarrollar una estrategia clara, con indicadores objetivos y abierta a la observación y colaboración ciudadana.
Lamentablemente, desde el periodo de transición y luego a lo largo del periodo que Durazo estuvo al frente de la SSPC, fue imposible que desde el ONC hiciésemos la donación a Guardia Nacional de un proyecto fundamental que obviaría las deficiencias presupuestarias –incluye plataformas tecnológicas 100% donadas– y de formación de sus integrantes.
Esperemos que la secretaria Rodríguez muestre la apertura que su antecesor no mostró, nos permita ayudar para que la construcción y operación de Guardia Nacional sea exitosa, para que se logren los objetivos de pacificar de esta administración y se reduzca esta terrible violencia que por quinto año consecutivo se encuentra desatada.
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El autor es director general del Observatorio Nacional Ciudadano.
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