Hace algunas semanas observamos cómo algunos medios en Estados Unidos cortaron el mensaje de Donald Trump, quien comenzaba a atentar contra la democracia de su país. Recientemente, la suspensión de múltiples cuentas de sus redes sociales abre el debate sobre los alcances de la libertad de expresión. Seamos claros: las acciones del mandatario son reprobables por atentar contra la democracia e incitar al odio y la violencia. En ese sentido, es lógico que haya consecuencias.
#ColumnaInvitada | ¿Hacia dónde va la libre expresión en internet?
Por un lado, algunas voces argumentan que solo se trata de decisiones editoriales o de empresas que proporcionan un servicio a sus usuarios. Sin embargo, los medios de comunicación y las redes sociales se han convertido en un espacio de ejercicio de la libertad de expresión y de mayor acceso a información, principalmente en países democráticos.
Los usuarios de las redes sociales ya no son una minoría; en realidad, se trata de plataformas que son empleadas por más de 3.6 miles de millones de personas en el mundo. En la Unión Interparlamentaria, constatamos que el 70% de los parlamentarios usan una red social para comunicarse con la ciudadanía. Hemos llegado al punto en el que Facebook incluso estableció un centro de información para la elección presidencial estadounidense y la compañía estuvo involucrada en el proceso de registro de votantes.
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La regulación de las nuevas tecnologías debe dejar de ser un tabú. La Canciller alemana, Angela Merkel, destacó no solo la importancia de la libertad de expresión, sino también de contar con reglas claras. Necesitamos certeza en la forma en la que se utiliza nuestra información personal. Pero hasta ahora solamente el Senado de Chile ha presentado una iniciativa para legislar los neuroderechos.
Además, las redes sociales desempeñan un papel central en procesos democráticos sin que estén sujetas a los mismos estándares de transparencia y rendición de cuentas que las instituciones gubernamentales, aún y cuando su impacto en la deliberación pública es cada vez más fuerte.
Sin libertad de expresión y acceso a la información no existe la democracia. Debemos encontrar un equilibrio que parece casi imposible: garantizar la libertad que gozábamos en internet –y que deberíamos seguir ejerciendo– y al mismo tiempo evitar su uso con fines de manipulación, incitación a la discriminación, al odio o la violencia, o para lastimar la democracia o violentar nuestros derechos.
Este debate está muy lejos de encontrar soluciones estables y duraderas. Apenas hace unos años el mundo occidental elogiaba el uso de las redes sociales para derrocar gobiernos en la primavera árabe. Pero es hasta ahora que realmente se ha entendido que las palabras tienen consecuencias, aún y cuando provienen de una cuenta de Twitter.
La coexistencia en sociedades democráticas, plurales y diversas nos exige aceptar que nuestros puntos de vista estarán sujetos al debate. Tenemos mucho que aprender sobre lo que sucedió en Estados Unidos. El odio y la división no son el camino de la política. Sólo las instituciones fuertes resisten en los momentos más duros para una nación. La libertad de expresión, una de las más difíciles, no puede estar sujeta únicamente a las decisiones de unos cuantos empresarios. Hasta la censura requiere reglas.
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Nota del editor: La autora es diputada federal, fue presidenta de la Unión Interparlamentaria.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.