Hace poco más de un año (octubre de 2019) esperábamos el debate legislativo sobre la regulación del cannabis. La primera prórroga causó incertidumbre a la comunidad que –desde diferentes trincheras– contribuyó a la discusión. La segunda, dejó un mal sabor de boca por la aparente falta de consenso durante la discusión en las Comisiones. No faltaron las voces que insistían en la desconexión de las diversas iniciativas. Sin embargo, el consenso nos hace considerar que el mejor momento para regular tomó su tiempo y que hubo algo que detonó la votación del pasado jueves 20 de noviembre.
Es de reconocer el trabajo de las bancadas y la libertad para votar, esto a pesar de la adscripción partidista: acuerdos de este alcance no son sencillos. El documento que entrega el Senado a la Cámara de Diputados argumenta sostenida y detalladamente una iniciativa que agrupa a distintos sectores de la sociedad civil: activistas, campesinos, asociaciones civiles, cuerpos académicos y empresariales.
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Dimos un paso más que significativo: con dicha votación se reconoce el uso adulto del cannabis como un derecho al libre desarrollo de la personalidad. La votación restablece y defiende la premisa de que los usuarios son sujetos de derechos, los cuales abarcan desde el acceso a la salud hasta un paso libre a la investigación. Igualmente, se tutela la cadena de producción y se da certeza a quienes deseen incorporarse a la industria cannábica mexicana, pues con esta decisión cumplimos con uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y estamos en la vanguardia de las discusiones internacionales sobre política de drogas.
Si el proyecto se aprueba en las próximas semanas, México se convertirá en el mercado federal más grande de cannabis y podrá equiparar (e incluso superar) a países como Canadá y Uruguay. Sin la finalidad de tropicalizar estas experiencias, los resultados de sus legislaciones nos dejan altas expectativas y -al mismo tiempo- nos brindan la oportunidad de cometer menos errores durante su implementación.
