En México, desde 1920 se ha prohibido el cultivo, comercialización y consumo del cannabis, 17 años antes que en Estados Unidos. Desde entonces, nuestro país ha tratado de disminuir la venta y consumo del cannabis desde una perspectiva penal. En las últimas décadas esta política ha detonado en una profunda crisis de violencia debido a la violación sistemática de derechos humanos, la criminalización a los consumidores, el combate al narcotráfico y a sus modos de operación cada vez más agresivos.
#ColumnaInvitada | Aplaudamos los logros obtenidos en materia de cannabis
Aplaudamos nuestros logros, pero no perdamos de vista los asuntos pendientes: la despenalización completa para los usuarios y emitir un reglamento para cannabis medicinal.
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Hace poco más de un año (octubre de 2019) esperábamos el debate legislativo sobre la regulación del cannabis. La primera prórroga causó incertidumbre a la comunidad que –desde diferentes trincheras– contribuyó a la discusión. La segunda, dejó un mal sabor de boca por la aparente falta de consenso durante la discusión en las Comisiones. No faltaron las voces que insistían en la desconexión de las diversas iniciativas. Sin embargo, el consenso nos hace considerar que el mejor momento para regular tomó su tiempo y que hubo algo que detonó la votación del pasado jueves 20 de noviembre.
Es de reconocer el trabajo de las bancadas y la libertad para votar, esto a pesar de la adscripción partidista: acuerdos de este alcance no son sencillos. El documento que entrega el Senado a la Cámara de Diputados argumenta sostenida y detalladamente una iniciativa que agrupa a distintos sectores de la sociedad civil: activistas, campesinos, asociaciones civiles, cuerpos académicos y empresariales.
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Dimos un paso más que significativo: con dicha votación se reconoce el uso adulto del cannabis como un derecho al libre desarrollo de la personalidad. La votación restablece y defiende la premisa de que los usuarios son sujetos de derechos, los cuales abarcan desde el acceso a la salud hasta un paso libre a la investigación. Igualmente, se tutela la cadena de producción y se da certeza a quienes deseen incorporarse a la industria cannábica mexicana, pues con esta decisión cumplimos con uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y estamos en la vanguardia de las discusiones internacionales sobre política de drogas.
Si el proyecto se aprueba en las próximas semanas, México se convertirá en el mercado federal más grande de cannabis y podrá equiparar (e incluso superar) a países como Canadá y Uruguay. Sin la finalidad de tropicalizar estas experiencias, los resultados de sus legislaciones nos dejan altas expectativas y -al mismo tiempo- nos brindan la oportunidad de cometer menos errores durante su implementación.
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A pesar de la la difícil situación que enfrentamos como sociedad, terminaremos el año sumando este gran avance a los muchos logros normativos de y en nuestro continente: el fortalecimiento institucional de la industria de cannabis medicinal (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú) y la oleada verde en las consultas ciudadanas (Estados Unidos).
Aplaudamos nuestros logros, pero no perdamos de vista los asuntos pendientes: La despenalización completa para los usuarios, cambiar la estrategia contra las adicciones del Gobierno Federal y (con mayor urgencia) emitir un reglamento para cannabis medicinal. Insistimos y defendemos el derecho de los pacientes que requieren tratamientos con cannabis medicinal a acceder a opciones terapéuticas seguras, eficientes y de calidad. Mientras tanto, el próximo mes estaremos pendientes a las resoluciones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, quien podría votar a favor de flexibilizar la fiscalización de los derivados del cannabis
¡Enhorabuena, México!
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Nota del editor: el autor es presidente Grupo Promotor de la Industria de Cannabis.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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El Grupo Promotor de la Industria de Cannabis es un organismo sin fines de lucro conformada por un equipo multidisciplinario de académicos, científicos, médicos, inversionistas, así como potenciales productores y comercializadores nacionales e internacionales. Genera información técnica y verificada que da soporte al debate público para favorecer la toma de decisiones en torno al desarrollo de una industria de cannabis, adecuadamente regulada con base en las mejores prácticas internacionales y el contexto de nuestro país.
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