"México sería el primer país en crear una regulación para el uso adulto de la cannabis y, a la vez, continúa la prohibición. Se mantiene la criminalización de las personas usuarias permitiendo que estas sean perseguidas penal y administrativamente", señaló México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) en un comunicado .
La organización consideró que esta ley crea una regulación excluyente, que mantiene a campesinos, pacientes y usuarios en un mercado ilícito y penalizado.
Tania Ramírez, integrante de MUCD, sostuvo que lo discutido en el Senado representa una simulación.
El dictamen establece penas de cuatro a ocho años de cárcel y multas de hasta 10,000 pesos por portar más de 200 gramos de cannabis. También plantea sanciones si se rebasa el número de plantas permitidas por casa, si el inmueble no se adecua a los requisitos o si el usuario no permite que las autoridades verifiquen.
Para Alejandro Madrazo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y especialista en seguridad pública, esto solo refuerza la penalización y criminalización, beneficiando únicamente a las empresas que buscan entrar al mercado legal de producción y distribución de marihuana.
"¿Cuál es el mercado lícito? Ahí es donde la ley refleja que se está legislando no para los mexicanos ni en función de los derechos, sino en función de los intereses de las empresas que han cabildeado, porque el mercado que se regula es uno que tiene tantas restricciones que se vuelve imposible para los campesinos", dijo este viernes en entrevista con Radio Fórmula.
