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#ColumnaInvitada | Hacia una nueva seguridad bilateral México-USA

Es momento de establecer un mecanismo que regule y dé certeza a los mexicanos sobre la actuación de las agencias estadounidenses que participan en temas de seguridad en México.
mar 10 noviembre 2020 06:20 AM
(Obligatorio)
Agentes de la DEA trasladan a Joaquín el 'Chapo' Guzmán.

Históricamente, México ha mantenido una relación muy estrecha con Estados Unidos en temas de seguridad pública, tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de armas entre otros, lo que ha delimitado en mayor o menor medida el grado de cooperación y confianza en estos temas entre ambos Gobiernos.

Sin embargo, no hay que perder de vista que Estados Unidos en temas de seguridad responde a políticas e intereses nacionales que son inmutables, no importando si los demócratas o republicanos están en el poder, ya que Estados Unidos considera una serie de principios básicos en temas de seguridad que deben permanecer intocados a través del tiempo, para mandar mensajes claros y contundentes de los aspectos que nunca tolerarán, por ejemplo: la política de no negociar con terroristas, aunque estén de por medio vidas de ciudadanos estadounidenses.

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En el caso mexicano no es así. A pesar de que por ley existe un Plan Nacional de Desarrollo, del que se derivan Programas o Planes sectoriales de seguridad y defensa, estos tienen que ver mas con la política y la ideología del presidente de la República en turno. Por otra parte, existe una doctrina militar en la materia, en la que se han desarrollado múltiples trabajos sobre: Objetivos nacionales, Poder Nacional y la Doctrina de defensa y seguridad de México.

Sin embargo, dicha doctrina no tiene un alcance legal ni es coercitiva para los gobernantes en turno, lo que ocasiona que en materia de relaciones internacionales y temas de seguridad multilateral sea el propio titular del Ejecutivo Federal en conjunto con el secretario de Relaciones Exteriores quienes decidan los ejes de acción sobre la seguridad.

Las detenciones de Genaro García Luna y del general Salvador Cienfuegos Zepeda obligan al gobierno mexicano a replantear la estrategia de seguridad adoptada con Estados Unidos y a repensar el grado de cooperación bilateral que deseamos, en la medida en que como país nos interese seguir preservando nuestros objetivos e intereses nacionales.

¿Por qué?, porque a través de los años la cooperación bilateral se pervirtió, se maximizó o se confundió cuál debía de ser el objetivo de la misma.

El principal indicador de esta afirmación ha sido la actuación en México de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA). Esta Agencia tiene un historial oscuro y turbio en su actuar en nuestro país; desde el caso de Enrique Camarena –el “Kiki” Salazar, agente encubierto asesinado en Guadalajara, Jalisco, por el Cártel de Guadalajara liderado por Ernesto Caro Quintero; hechos por los cuales la DEA lanzó la “Operación Leyenda”, deteniendo de manera ilegal en territorio mexicano al doctor Humberto Álvarez Machaín, esto sin contar con una orden de extradición, aprehensión o algún acuerdo derivado del convenio de asistencia jurídica internacional–. Otro caso emblemático fue la operación de tráfico de drogas de Colombia a Estados Unidos en la década de los ochenta para financiar la lucha de los “Contras” en Nicaragua contra los sandinistas.

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A partir de la llamada guerra contra las drogas impulsada en el gobierno de Felipe Calderón, la DEA triplicó su personal y operaciones en México para iniciar de manera “coordinada” con el gobierno Mexicano la captura de diversos capos de la droga; como Joaquín Guzmán Loera, alias “Chapo Guzmán”; Nemesio Oseguera Cervantes, alias “Mencho”, entre otros criminales; la realidad es que esta Agencia operaba de manera libre y sin mayores restricciones en el territorio nacional, iniciando labores de inteligencia para recopilar información de valor policial sobre los capos de la droga en nuestro país, para ello debió implementar “centros de escucha” de comunicaciones privadas, a través de los “Centros Fusión” del gobierno mexicano o independientes, operando desde la Embajada Americana o a través de oficinas encubiertas.

Ante este escenario, la preguntas necesarias siguen sin respuesta: ¿el gobierno mexicano autorizó la instalación de estos centros de escucha?, ¿se solicitaron órdenes judiciales a jueces mexicanos o americanos para intervenir comunicaciones privadas?, ¿los agentes de la DEA estaban debidamente acreditados ante el gobierno mexicano como personal diplomático?, ¿cuál era el acuerdo de cooperación de la DEA con la Secretaría de Marina-Armada de México, para la cooperación antidrogas?

Además, ya que el enlace correcto era a través del Agregado Naval Americano, ¿qué hacía personal de la Agencia Central de Inteligencia, (CIA) “adiestrando a personal naval”, cuando ocurrió el caso de “Tres Marías”? Diversos testimonios en los medios de comunicación e incluso declaraciones del presidente López Obrador hablan de que la DEA estaba infiltrada en la Secretaría de Marina-Armada de México y operaban con uniformes de esta dependencia como si fuera personal naval mexicano. Si esto se confirmara, ¿quién lo autorizó?, ¿por qué no ha sido señalado o imputado?

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Es evidente que la actuación en territorio nacional de personal policiaco extranjero viola la ley y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tendría que haber responsables y parece que no los habrá.

Han terminado las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Joe Biden y los demócratas triunfaron, ahora concluyó el periodo que el propio presidente López Obrador se fijó para pedir y realizar un pronunciamiento contundente sobre la actuación de la DEA en territorio mexicano, es hora de establecer un mecanismo que regule y de certeza a los mexicanos sobre la actuación de esta Agencia en México, que todos los actos que realicen se apeguen a las leyes mexicanas y siempre bajo la supervisión de las autoridades mexicanas, y la exigencia más importante, que todas las operaciones que pretendan realizar deberán ser coordinadas y autorizadas por corporaciones policiales mexicanas, ya sea la Guardia Nacional o Policías Estatales en su caso, por ser los homólogos correspondientes y no así con el Ejército o la Marina.

Solo en la medida que logremos esto, Estados Unidos dejará de vernos en un plano de subordinación en la lucha antinarco y lograremos una cooperación de tú a tú, en igualdad de circunstancias, logrando preservar la soberanía, independencia y el Estado de Derecho en México.

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Nota del editor: el autor ha laborado en dependencias de la Administración Pública; Secretaría de la Defensa Nacional, Centro de Investigación y Seguridad Nacional y Policía Federal. Es maestro en Ciencias Penales, profesor universitario, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Licenciado en Derecho, expositor y capacitador de diversos destacados diplomados en Juicios Orales, Mercadotecnia Política, entre otros. Actualmente se desempeña en el sector privado, cómo socio consultor en Consultoría “CMC Análisis e Inteligencia Empresarial”, empresa enfocada en la realización de auditorías y diagnósticos en seguridad, capacitación a cuerpos policiacos, diseño de equipos de seguridad patrimonial, investigaciones, entre otras.

Twiter: @RCelayaG

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Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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