Han transcurrido dos años desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y la seguridad pública sigue siendo el 'Talón de Aquiles' del Estado Mexicano. Desde que tomó protesta el gabinete Federal, han señalado en diversas ocasiones –a manera de diagnóstico– que la inseguridad que se vive en el país era atribuible a las deficientes policías municipales, estatales y aun las federales, tomándose la decisión polémica de desaparecer a la Policía Federal y dar paso a un nuevo cuerpo: la Guardia Nacional, que tiene tintes de una Policía Militar más que de un cuerpo policíaco de naturaleza civil como lo establece la Constitución Política.
#ColumnaInvitada | El fallido Modelo Nacional de Policía
Ante este escenario, el 8 de julio del 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicó el acuerdo por el que se aprobó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, como un instrumento de política pública que determina la estrategia del Gobierno Federal, en coordinación con las entidades federativas para contribuir a la construcción de la paz en el país desde el ámbito policial y de justicia cívica.
Así, la pregunta es: ¿qué ha cambiado en materia de cuerpos policíacos desde la publicación de este acuerdo? La respuesta es: nada. Lo anterior porque el diagnóstico contenido en el modelo es erróneo; solo se consideraron como indicadores la incidencia delictiva, la percepción ciudadana sobre seguridad, las cifras de homicidio doloso y los porcentajes de impunidad por entidad federativa.
Es indudable que el diagnóstico debió prever las fallas en el diseño y concepción de las Policías Municipales en temas como el ámbito competencial y normativo que las rigen. El Municipio, de acuerdo con los artículos 21 y 115 Constitucional, tiene entre sus funciones la seguridad pública a través de las policías preventivas municipales, la falla la encontramos en la ausencia de normatividad.
¿Qué ocurre en la práctica? Que cada tres años, que es lo que dura el período de un Ayuntamiento, los presidentes municipales a su antojo despiden y contratan a nuevos policías, desechan la anterior estrategia (en caso de que existiera) y reorganizan una policía nueva y sustituyen al jefe de la policía, mal llamado Secretario de Seguridad Pública Municipal, en resumen, se reinventa la Policía Municipal cada tres años, sin considerar una política pública de largo plazo que consolide la fuerza municipal.
Por lo que toca a la capacitación del factor humano, en la mayoría de los municipios carecen de una escuela de policía de formación inicial, y los que cuentan con ella implementan cursos de capacitación de dos meses, cuando el estándar a nivel federal era de seis meses en el caso de la Policía Federal y de 1 año en las Fuerzas Armadas.
Por lo que respecta al equipamiento táctico, patrullas y armamento, los municipios carecen de la suficiencia presupuestaria para atender esas necesidades, por lo que desde el 2016 se implementó el FORTASEG, un subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública y, por primera vez desde su creación, se prevé su desaparición del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, con lo que los municipios no tendrán recursos para este rubro.
Adicionalmente se proporciona otro recurso vía el FORTAMUN, fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios, del cual, en sesión del Consejo Nacional del Sistema de Seguridad Pública, acordaron sus integrantes, destinar el 50% para seguridad pública, acuerdo que los Presidentes Municipales no cumplen al no estar plasmado en una ley, utilizando los recursos para fines políticos o clientelares.
Por último, y no menos importantes, son los salarios de los policías; uno de los componentes del Modelo Nacional, fue la sostenibilidad financiera, sin embargo en el Presupuesto de Egresos para el 2021, no se consideró una partida para homologar los sueldos de la policía, observando que hay Municipios en Tabasco, que pagan por elemento 3000 pesos mensuales y otros como Escobedo, N.L. pagan 23 mil pesos mensuales, lo que sigue perpetuando el eterno ciclo de la corrupción policial, la falta de la dignificación de la función policial y el desinterés de los ciudadanos por formar parte de estos cuerpos, por lo que al no contarse con la sostenibilidad financiera no se ha podido cambiar nada.
Así, el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica solo quedó en buenas intenciones, mala planeación, diagnóstico erróneo y la mira puesta en una Guardia Nacional que solo apuesta por un despliegue masivo sin contar con una estrategia diferenciada por región que combata eficazmente a la delincuencia organizada y dejar los delitos del fuero común a los Estados y Municipios, como debió concebirse desde un principio el Modelo Nacional de Policía, lo que nos sigue colocando en el mismo modelo fracasado de la seguridad desde hace mas de 20 años en México.
_______________
Nota del editor: el autor ha laborado en dependencias de la Administración Pública; Secretaría de la Defensa Nacional, Centro de Investigación y Seguridad Nacional y Policía Federal. Es maestro en Ciencias Penales, profesor universitario, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Licenciado en Derecho, expositor y capacitador de diversos destacados diplomados en Juicios Orales, Mercadotecnia Política, entre otros. Actualmente se desempeña en el sector privado, cómo socio consultor en Consultoría “CMC Análisis e Inteligencia Empresarial”, empresa enfocada en la realización de auditorías y diagnósticos en seguridad, capacitación a cuerpos policiacos, diseño de equipos de seguridad patrimonial, investigaciones, entre otras.
Twiter: @RCelayaG
__________________
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.