Elecciones y corrupción

La corrupción es efectivamente un problema de captura del Estado y la puerta de este “castillo cívico” se encuentra en las elecciones. Ahora bien, aunque no existe democracia sin elecciones, las elecciones per se no constituyen una democracia, de hecho, las elecciones bajo condiciones de corrupción, farsa y fraude terminan logrando justo el efecto contrario. Las elecciones nos permiten resolver las cuestiones fundamentales de quien gobierna y bajo cuanto tiempo, así como dotar al ganador(a) de la legitimidad necesaria para el ejercicio del cargo. De ahí su importancia y de ahí la codicia que despierta en quienes ven al gobierno como la oportunidad perfecta para el pillaje.

En su contribución para el diseño de una Política Nacional Anticorrupción, la Red de Rendición de Cuentas y el CIDE presentaron una propuesta programática [1] cuyo núcleo analítico describe los cuatro momentos en que el Estado cae presa de intereses particularistas. Estas cuatro modalidades de captura del Estado son la captura de cargos públicos, la captura de presupuestos, la captura de decisiones y la captura de la justica. Como decíamos, la llave que abre la puerta a estas cuatro capturas reside en las elecciones, de ahí la importancia de resguardarlas contra la corrupción.

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Al determinar quienes ocupan los poderes ejecutivo federal, estatal y municipales, así como los escaños de los Congresos, las elecciones facultan a los titulares las facultades de nombramientos de decenas de miles de cargos públicos. Estos podrían ser entregados legítimamente si sus designados cumplen con los conocimientos, trayectoria profesional y capacidades para ejercerlos; sin embargo, cada cambio de administración nos encontramos con designaciones que fallan en uno o todos los preceptos referidos. Lo nuevo es que ahora esta práctica hasta se pretende “justificar” por medio del falso dilema entre honestidad y capacidad.

Cuando los cargos son capturados, sus titulares se rigen por la esencial prioridad de tener satisfecho a su benefactor, no a través de logros en la administración sino a través de obediencia absoluta a sus designios, deseos y apetitos. La administración pública como botín de los ganadores.

Estos cargos tienen a su vez facultades decisorias sobre políticas y presupuestos, de ahí que los interesados en obtener jugosos contratos, posiciones donde puedan ejercer su arbitrariedad, o diseñar legislación y políticas a modo, ven en las campañas electorales una maravillosa oportunidad para “invertir” y generar compromisos con los ganadores. De hecho, en la democracia tipo casino, no es raro ver a fuertes intereses económicos apostar a más de un “número”. Este acto pervierte el principio de un “hombre (o mujer) un voto”, puesto que los candidatos(as) estarán más pendientes de cultivar a sus patrocinadores que en servir al mejor interés de sus gobernados.

Entre las cuatro capturas, la de la Justicia es particularmente grave, porque es el bien mayor que cualquier Estado debe a sus ciudadanos. A pesar de que los cargos importantes en el Poder Judicial no son elegidos mediante elecciones, sino por medio de la participación de los otros dos poderes, las elecciones impactan en quienes serán los electores de jueces, magistrados y ministros. De aquí que una parte importante –y aun indeterminada-- de los fallos dependan mas de las relacione$ que de los méritos de los demandantes y juzgadores imparciales y calificados

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Ante este panorama se presentan diferentes alternativas con sus respectivos pros y contras. La prohibición absoluta del uso del dinero desembocaría en lo mismo que terminan todas las prohibiciones desmedidas, el dinero continuaría fluyendo irregular e ilegalmente –como lo hace ahora–, pero en proporciones aún mayores. Cancelar el financiamiento público es otra propuesta de carácter populista que solo contribuirá a debilitar aún más la influencia de los desposeídos y que el dinero particular determine el derecho a gobernar; quitar los topes de las aportaciones privadas motivarían un escenario similar.

En tiempos de las redes sociales, el dinero determina la capacidad de generar tendencias o particularizar la propaganda a electores objetivo, el rastreo de estos pagos y la definición de su impacto con precisión es otro reto de frontera. Actualmente, a pesar de la legislación y maquinaria dedicada a la fiscalización del gasto, la disparidad entre financiamiento ilegal y legal de las campañas puede mostrar una disparidad de 15 a 1 [1] . Resulta claro que en tanto no tomemos decisiones radicales, pero debidamente calibradas, las elecciones no correrán el riesgo de no ser la fiesta de la democracia sino la subasta de los corruptos. Quizá sea hora de desenfundar como Alejandro Magno.

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Notas:

1. Red de Rendición de Cuentas / CIDE (2018) Hacia una Política Nacional Anticorrupción. Bases para una discusión pública.

2. Casar, M.A. y Ugalde, L. 2018. Dinero bajo la mesa. Financiamiento y Gasto Ilegal de las Campañas en México. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Integralia Consultores.
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Nota del editor: el autor es politólogo, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.