En un primer momento dos derechos fundamentales parecían contraponerse: el derecho al voto versus el derecho a la salud. Sin embargo, pronto también las autoridades electorales descubrieron que no se trataba de escoger, lo que sería imperfecto, cuál derecho debía privilegiarse, sino que la solución consistía en adaptar sus procedimientos electorales para garantizar ambos.
De casi 100 países que tenían previsto organizar elecciones en 2020, casi 70 han tenido que suspender y reprogramar sus elecciones. Una treintena realizó sus comicios según lo programado, aún en el contexto de la pandemia y, de las que suspendieron, una veintena ya las ha llevado a cabo.
Las más de cincuenta elecciones que se han llevado a cabo durante este 2020 han producido un laboratorio vivo de buenas prácticas. Las autoridades electorales se han reunido en distintos foros internacionales bajo el auspicio de organizaciones como la Organización de Estados Americanos (OEA), IDEA Internacional, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Siempre bajo la consigna de reactivar lo antes posible sus procesos electorales. Siempre bajo la idea de no pausar la vida democrática de sus países.
Todos estos foros han constituido un rico espacio de análisis. Sin establecer soluciones definitivas ni prácticas de aplicación general, lo que sería imposible dado los distintos marcos jurídicos y la cultura política específica de cada país, se han podido establecer mejores prácticas en dos grandes bloques:
