Lozoya sí tiene víctimas y no quieren impunidad

Mucho se nos ha dicho que aplicarle un criterio de oportunidad, que tendría como efecto exonerarle de los cargos de cohecho y lavado de dinero que se le imputan, sería un manera efectiva para “desmantelar la gran red de corrupción” que operó durante el sexenio de Peña Nieto. Sin embargo, en este caso, esa idea no es más que jugar con el profundo deseo de justicia al que todos anhelamos y ponerle un nuevo disfraz a la simulación de justicia en caso nuevo de impunidad.

Esta historia no es nueva, hay que voltear a ver el caso de Javier Duarte, detenido y extraditado en la víspera del año electoral de 2018, con un misterioso y benéfico cambio de delitos que empezaron en delincuencia organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) [1] y que terminaron en ORPI y asociación delictuosa, lo cual, culminó en una benéfica sentencia pactada a través de un procedimiento abreviado, en la que sin juicio, sin pruebas y sin nada de un día para otro nos dijeron que había una sentencia y 58 mil pesos de multa. Nos dejaron así, sin saber qué pasó, qué hizo y qué no hizo, sin justicia y sin reparación.

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Entonces, desde organización la TOJIL no se quedó de brazos cruzados. Denunciamos ese muy posible acuerdo corrupto y exigimos que se nos reconociera como lo que los ciudadanos somos: víctimas de la corrupción. En un intenso debate con una Fiscalía General a la que le gusta más litigar con las víctimas y dar concesiones y consideraciones a los acusados, llevamos el caso a muchas instancias, y con un amparo que concedió la razón a los ciudadanos como víctimas de corrupción, hoy el caso está en revisión del a Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aplicarle un criterio de oportunidad a Emilio Lozoya, quien debemos recordar tenía un altísimo cargo en la administración a la que hoy acusa como un “aparato organizado de poder” del cual fue víctima, nos dejaría sin un juicio que debería ser público y en el que deberíamos saber qué ocurrió, en el que se debería evidenciar esa red de poder y corrupción de la que tanto se habla. No obstante, además de no ser una buena determinación en términos de política criminal, aplicarlo sería ilegal pues existe una prohibición legal de aplicar criterio de oportunidad en casos de “interés público”.

Aunado a que solo podría ser aplicado en manera definitiva hasta en tanto comparezca a la audiencia de quienes acuse y finalmente debería reparar el daño, pues pese a que algunas voces señalan que los sobornos y posterior lavado de dinero, no ameritan una reparación del daño, otras buenas experiencias nos señalan lo contrario.

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Nuevamente no nos quedaremos de brazos cruzados, los ciudadanos somos víctimas de la corrupción y somos más víctimas de la impunidad disfrazada de justicia. Por eso, el pasado 30 de julio la organización TOJIL solicitó a la FGR el reconocimiento como víctima en el caso de Emilio Lozoya y Odebrecht.

La única forma en la que tendremos justicia, verdad y reparación es estando del otro lado, como víctimas de la corrupción, y si Emilio Lozoya cometió actos de corrupción no queremos ni toleraremos más impunidad ni tratos preferenciales.

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Notas:
[1] Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal.

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