Los sonados casos de corrupción de gobiernos anteriores le ganaron adeptos y muchos votos a la 4T, pero también generaron grandes expectativas que, a casi año y medio de esta administración, seguimos esperando ver realizadas.
Desde antes de tomar protesta como presidente, el discurso contra la corrupción de la 4T ha sido, por decir lo menos, poco coherente. No hay un concepto claro de corrupción, pues se le antepone como adjetivo a todo lo que el presidente personalmente considere ilegal y deshonesto; también se le usa como un sinónimo de privatización, y a final de cuentas es el mismo presidente quien define sus alcances legales y quiénes deben y no deben ser investigados por ello. Por ejemplo, dijo que perdonaba a los corruptos del pasado, pero no a todos, a sus enemigos políticos no. También es él quien determina si en México hay o no hay corrupción. Aunque en varias de sus “mañaneras” ha dicho que en México no hay más corrupción, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG-2019) que realiza el INEGI indica que de 2017 a 2019 el número de actos de corrupción aumentó de 14.6% a 15.7%. López Obrador dijo estar en desacuerdo porque él tiene otros datos.
