El 2020 resultó un año para recordar, tanto en México como en muchos otros países, la mayor parte de las personas hemos debido resguardarnos en nuestras casas como medida de prevención ante una pandemia que amenazaba con contagiar a la mayor parte de la sociedad.
La mayoría de los países estableció mecanismos para obligar a su población a permanecer en casa, a limitar viajes –incluso los terrestres–, a usar mascarillas y cerrar actividades no esenciales.
En México, el gobierno federal se limitó a recomendar medidas de prevención, desarrolló campañas llamativas –el personaje Susana Distancia, entró rápidamente en el imaginario colectivo– y propuso un sistema de comunicación muy similar a lo usado por Chávez y Maduro en Venezuela, Castro en Cuba, Ceausescu en Rumania o Mao en China: horas y horas de comunicación social que repiten “lo bien que lo estamos haciendo, lo bien que vamos”.
Sinceramente, creo que el gobierno federal tenía un reto titánico: ¿cómo atender una crisis de salud sin entorpecer el plan del presidente López? ¿Cómo resguardar a la sociedad sin parecer que la estábamos reprimiendo?
Difícil decisión, por un lado, el confinamiento obligado y el cierre de toda actividad no necesaria terminarían por estrangular la economía de las familias, por el otro, el riesgo de contagios en medio de otra crisis sanitaria –la de desabasto de medicamentos–, podía asumir niveles críticos.
Al mismo tiempo, paliar la crisis económica nacional y de las familias requeriría de una inyección de dinero público –así como lo están haciendo los otros países del mundo– que haría inviable por el momento, los proyectos insignia de este gobierno –Dos Bocas, el rescate de Pemex, Santa Lucía, los estadios de béisbol o los programas sociales de transferencia directa de recursos a los posibles votantes–.
El gobierno de López optó por recomendar en vez de imponer, por seguir con su estrategia y sus proyectos, en vez de usar los recursos del Estado para que sea el mexicano quien por sí mismo logre su bienestar.
Esta decisión tendrá un costo grave, por lo pronto casi un millón de personas perdió su trabajo y la severa crisis económica que inició con la decisión de cancelar el NAIM y la supuesta austeridad gubernamental, ha llegado a niveles sin precedentes; si en 2019 la economía del país no creció (0% respecto a 2018), según lo pronostican varios expertos, la contracción para la economía mexicana en 2020 será entre el 8-9%, siendo la nuestra la economía que más caiga, sólo detrás de la venezolana.
Ante este escenario, tres reflexiones para la seguridad, la primera son las consecuencias de la crisis económica para el ciudadano promedio; la segunda, las consecuencias para los servidores públicos; la tercera, qué debemos aprender de una crisis como esta.
Primero.- En México –porque no siempre es así en todo el mundo–, las crisis económicas desatan aumento de robos, secuestros, extorsiones e incluso homicidios.
2019 fue un año trágico, fue el peor año en homicidio doloso, feminicidio, robo a negocio, trata de personas, narcomenudeo y violencia familiar desde que estos se registran; el segundo peor año en materia de extorsión; el tercero en violación; el quinto peor en robo con violencia y el octavo peor en secuestro y robo a transeúnte.
En 2020, marzo fue el segundo peor mes de la historia en materia de homicidio doloso; en los primeros cuatro meses de este año se sumaron 11,849 víctimas de homicidio doloso, un 2.2% más respecto al mismo periodo de 2019.
Si bien este año la pandemia favoreció que haya menos denuncias y menos delitos comunes, el rebote que tendremos en el segundo semestre del año permite prever que 2020 será aún peor que 2019.
Segundo.- La proporción de policías y personal de procuración de justicia, respecto al tamaño de sus poblaciones, así como las menores tasas de incidencia delictiva de países más desarrollados, permitió generar sistemas de turnos para que estos tuviesen el menor riesgo posible de contagio.
Los bonos económicos y el reconocimiento ciudadano incentivaron la tarea de policías, cuanto de los médicos.
En México, el personal de salud está expuesto en su salud y sufre la violencia y el maltrato ciudadano. De forma paralela miles de policías se han contagiado debido a la falta de protocolos, a las largas jornadas y a los pobres insumos de protección, sin incentivos relevantes para seguir luchando por el bienestar de los mexicanos.
Un abuso que es literalmente una violación a los derechos humanos de tantos servidores públicos y que finalmente tendrá como consecuencia menos personal que nos proteja en las calles.
Tercero.- ¿Qué debemos aprender de esta crisis? Que sin recursos suficientes un país no puede enfrentar una pandemia, una crisis económica y una crisis de violencia como la que vivimos en México.
La pandemia no acabó, ni será la última que nos tocará ver. La crisis económica está en su inicio y lo peor ha de llegar. La crisis de violencia la padecemos desde hace más de 20 años y sin recursos puede volverse crónica.
Es hora de que el Estado desarrolle planes sustentados en datos y no en politiquería; destine los recursos necesarios para ponerlos en marcha; permita la maduración de los planes y no que vivamos en eternos adanismos; que elija el beneficio de la sociedad por encima del de los partidos.
Le falta mucho para que veamos el final de esta crisis, por lo pronto el gobierno federal parece no querer aprender y doblegar la realidad a su voluntad; mientras el presidente sigue despreciando las recomendaciones para evitar contagios, sigue sin reconocer a las familias empobrecidas y a los ya centenares de miles de víctimas del delito, a los ciudadanos nos queda sólo el autocuidado, la prevención y la solidaridad con otros.
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El autor es director general del Observatorio Nacional Ciudadano
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