Me concentro, entre varios ejemplos disponibles, en el tema de los fideicomisos del sector ciencia y tecnología. La Secretaría de la Función Pública desde hace tiempo les echó el ojo, ya porque pueden representar una fuente adicional de recursos para los programas prioritarios del presidente, ya porque alegaban corrupción en su manejo. A principios de abril, en plena pandemia, se publicó un decreto del Poder Ejecutivo mediante el que se pretendía extinguirlos y absorberlos. Al final, se malogró, pues el propio decreto establecía excepciones entre las cuales estaban aquellos que contaran con una estructura orgánica o se hubieran constituido por mandato legal, y ese era el caso de los fideicomisos creados conforme a la Ley de Ciencia y Tecnología.
Tras el afortunado fracaso de ese lance, el 20 de mayo la coalición lopezobradorista volvió a la carga, ahora por la vía de una iniciativa en el Congreso. Las reacciones y críticas adversas llevaron a los legisladores a “congelarla” y convocar a un Proceso de Parlamento abierto. Es un buen gesto, sin duda, pero no deja de tener su doblez. Porque la iniciativa no se ha retirado, ahí sigue, al acecho, como una amenaza susceptible de reactivarse en cualquier momento, como un chantaje o una represalia que puede hacerse efectiva a la menor provocación. Quizás haya ciertos fideicomisos que tengan sus problemas. Puede ser. Pero de ahí a legislar a partir de generalizaciones carentes de fundamento y sin un análisis costo/beneficio, hay un brinco que genera mucha suspicacia.
Primero, porque la iniciativa no precisa cómo se canalizarían los recursos de los fideicomisos extintos para atender las emergencias sanitaria o económica, ni cómo se mitigaría el impacto de dejar sin ese financiamiento a tantas comunidades científicas. Tampoco se hace cargo del hecho de que algunos fideicomisos contienen fondos que no provienen del presupuesto público sino de la iniciativa privada, de fundaciones o gobiernos extranjeros, en fin, de otras instancias que a veces también patrocinan proyectos de investigación. En suma, esa iniciativa es el equivalente legislativo de un “toma el dinero y corre”.
