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#ColumnaInvitada | Fuerzas Armadas en seguridad pública ¿un riesgo necesario?

La única medida viable para enfrentar la inseguridad actual sin duda es apostar a la reconstrucción de nuestras policías, no a la militarización, debemos caminar de prisa para llegar a esto
lun 25 mayo 2020 11:30 AM
Estefania Medina Ruvalcaba y Adriana Greaves Muñoz
Estefania Medina Ruvalcaba y Adriana Greaves Muñoz, cofundadoras de TOJIL.

Es notoria e innegable la grave crisis de seguridad pública, que se ve reflejada no solo en los titulares de las notas del día a día, sino que se sustenta con los datos que posicionaron al 2019 como el año más violento de la historia contemporánea de México, únicamente superados por el primer trimestre del 2020 que compite arduamente por convertirse en un año más violento . Ante esto, nuestro país por décadas se ha planteado la pregunta de ¿qué hacer al respecto?

Sin embargo, pareciera que la respuesta de la actual administración está dada, pues el plan de acción implementado por el Gobierno Federal, junto con el Poder Legislativo, se ha decantado por atender el problema mediante la emisión de una Guardia Nacional auxiliada y complementada temporalmente en sus funciones de seguridad pública por las Fuerzas Armadas.

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Considerando lo anterior, muchas plumas y voces se han pronunciado sobre la naturaleza errática del reciente Acuerdo presidencial, por el cual se ordena la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública en auxilio de la esperada Guardia Nacional –argumentos con los cuales coincidimos profundamente– principalmente porque carece de los parámetros que exige el bloque constitucional para disponer de los miembros de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en términos de los requisitos que exige el referido artículo quinto transitorio del Decreto de reforma constitucional que le dio origen a la Guardia Nacional y porque la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública en la historia de nuestro país siempre ha terminado por generar más problemas que resultados.

Sin embargo, más allá de la viabilidad jurídica del instrumento, y de manera contradictoria, la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública ha sido bienvenida por el gran grueso de la ciudadanía y es vista como una medida necesaria para contrarrestar el hecho de que cientos de familias y comerciantes han sido víctimas de violencia generada, solapada o a pesar, de las propias autoridades civiles. Es decir, la seguridad pública en manos de las corporaciones civiles ha mostrado ser un rotundo fracaso y por consecuencia hace completo sentido lo revelado por la encuesta del periódico Reforma respecto a que 8 de cada 10 mexicanos está de acuerdo con el uso de la Fuerzas Armadas y 78% de la población prefiere que el Ejército y la Marina realicen las tareas de seguridad pública durante los próximos cinco años.

Este panorama que retrata instituciones rebasadas por el crimen organizado, incluso a veces completamente cooptadas por estas organizaciones y la carencia de un rumbo para comenzar a construir capacidades institucionales ayuda a comprender por qué la mayor parte de la población prefiere confiar su seguridad en instituciones castrenses, aun y cuando la historia nos ha enseñado que esto pone en riesgo los derechos humanos de toda la sociedad y que además poco o nada ayudan en el tema de seguridad.

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Sin embargo, nos guste o no, la realidad es que hoy tenemos una Guardia Nacional – auxiliada por la Fuerzas Armadas– y que va a estar entre nosotros posiblemente por los próximos cinco años. Esto presupone dos caminos, el primero es pasar cinco años señalado la mala idea que esto representa o el segundo emprender y exigir acciones urgentes para lograr que esta medida no implique o magnifique la crisis de seguridad pública y que la desmilitarización sea una pronta realidad. Dentro de las acciones urgentes que el Ejecutivo Federal debiera implementar a efecto de minimizar los riesgos implícitos de tener la seguridad pública en manos de los militares están:

1. Reformar el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y ajustar el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente para que las Fuerzas Armadas que participen en actividades de seguridad pública si estén obligadas a realizar las labores de policía primer respondiente, toda vez que el Acuerdo explícitamente prevé (a través de la referencia al artículo 9, fracciones I, II, III, XIII, XIV, XV de la Ley de la Guardia Nacional) que los elementos de la Fuerza Armada que temporalmente auxiliaran a la Guardia Nacional realizarán entre otras tareas, detenciones de personas y el aseguramiento de bienes relacionados con hechos delictivos, así también efectuaran tareas como la preservación del lugar de los hechos, de los indicios, huellas o vestigios, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, dando aviso inmediato al Ministerio Público, sin embargo, el texto actual del Código y del Protocolo los exime de las obligaciones que sí tiene la policía para que los procedimientos sean adecuados.

Que las Fuerzas Armadas cumplan con estos protocolos de actuación es urgente, pues de lo contrario, se perpetuaran los problemas que ya venimos acarreando, como es, que los elementos castrenses que efectúan una detención o de facto son los primeros en llegar al lugar de los hechos, no se asuman como el primer respondiente y en consecuencia no procesan el lugar, ponen en peligro la integridad de las evidencias y peor aún, al poner a disposición a una persona detenida y se niegan a suscribir los partes policiales y a asumir la responsabilidad de ser quien detuvo a una persona y en consecuencia, resulta ser un elemento de alguna corporación policial, quien termina llenando el informe y quien testifica a la hora del juicio. Por supuesto, al no ser el elemento policial quien realmente detuvo, cae en una seria de inconsistencias que propician la impunidad y que hacen imposible lograr que se respete un debido proceso.

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2. Implementar un mecanismo autónomo y externo de supervisión, evacuación y auditoria de las acciones llevadas a cabo por la Fuerza Armada en estas funciones de auxilio a la Guardia Nacional.

3. Diseñar un Plan de Seguridad Pública integral, e ir implementando acciones puntuales para fortalecer las policías de todas las competencias a efecto de lograr la desmilitarización del país lo antes posible.

La única medida viable para enfrentar la inseguridad actual sin duda es apostar a la reconstrucción de nuestras policías, no a la militarización, debemos caminar de prisa para llegar a esto, de lo contrario nos esperará un largo tiempo en un México militar que puede volverse profundamente autoritario y arbitrario.

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de las autoras.

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