La intersectorialidad y la transversalidad son aspectos claves en toda gestión pública, muchas veces nombradas pero en pocas ocasiones realizadas. Esto no es nuevo en México y el COVID-19 ha venido a evidenciarlo como muchas otras fallas en nuestro país.
Si bien, los niveles del gobierno mexicano están obligados a garantizar a todas las mujeres su derecho a una vida libre de violencias, y sus instituciones tienen obligaciones puntuales y específicas para implementar medidas de prevención, atención, sanción y eliminación de las violencias contra las mujeres, éstas no terminan de verse materializadas en hechos tangibles y contundentes que no sólo disminuyan sino eliminen las violencias machistas, entre ellas los feminicidios.