Salud: el falso debate entre ética y técnica

Hoy, muchos simpatizantes del lopezobradorismo están convencidos de que tienen el monopolio de la ética. De que los valores que inspiran los programas del gobierno bastan para disculpar cualquier vicio en su diseño, su implementación o sus efectos. De que la obligación de velar por las personas más pobres y excluidas, de atender la llamada “deuda social”, vuelve superflua toda racionalidad financiera, jurídica o de política pública. De modo que formular reparos o críticas en ese sentido acaba siendo no un derecho sino una inmoralidad. Como si disputar los medios equivaliera, en automático, a descalificar los fines.

En suma, a ciertos lopezobradoristas les gusta pensar que ellos son los únicos que quieren hacer cosas buenas; a ciertos neoliberales, que ellos son los únicos que saben hacer las cosas bien. Uno y otro son razonamientos equívocos, falaces, pero que responden a una evidente intencionalidad política: comunicar que no hay de otra; deslegitimar al adversario; antagonizar conforme a los términos, muy engañosos y, sin embargo, también muy efectivos, de un falso debate. Ambos desembocan, en suma, en la imposibilidad de una discusión constructiva entre distintas alternativas.

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La comparación viene a cuento a propósito de la polémica que ha provocado el nuevo Instituto de la Salud para el Bienestar (INSABI), la apuesta más emblemática en materia de salud del gobierno lopezobradorista, y que supuso la cancelación del Seguro Popular, a su vez la política más importante en el sector que hubo en México desde el gobierno de Fox hasta el de Peña Nieto. Los partidarios del INSABI se han dedicado a señalar los defectos y limitaciones del Seguro Popular; sus detractores, en cambio, insisten en que se trata de una política que constituye un paso en falso, un riesgo, un retroceso. La polarización muy rápidamente ha hecho el trabajo de enlodar el ambiente e impedir una conversación sensata que se base más en la experiencia que en las expectativas, que pondere la evidencia empírica en lugar de sustituirla por las filias y fobias de cada bando, que no asuma que las fallas de uno se traducen en aciertos del otro.

Sin ser especialista en el tema, mi impresión general es que el Seguro Popular sí significó una mejora en términos de cobertura, acceso, gratuidad, atención e impacto, pero parcial y discutible en cuanto a su modelo de financiamiento, a brechas regionales, a su vulnerabilidad respecto a desvíos de recursos o corrupción y, sobre todo, a su ineficacia para contribuir a la integración del sistema de salud en términos de verdadera universalidad. Múltiples evaluaciones, indicadores, artículos y encuestas dan cuenta de esa saldo, digamos, de mejoría pero también de dificultades y desafíos. Como suele suceder cuando se analizan a detalle las políticas públicas, lo que se encuentra es una complejidad estructural que contrasta con las burdas simplificaciones de la coyuntura mediática. Porque no, no fue un éxito absoluto, pero tampoco un fraude ni un fracaso.

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El INSABI, por su parte, adolece no solo de un “tema de comunicación” sino de mucha improvisación y muy poca capacidad de respuesta ante la confusión y los cuestionamientos que se han generado desde que se echó a andar. Hay dudas sobre su viabilidad presupuestaria, el tipo de cobertura y los padecimientos que atenderá, sobre el esquema de cuotas y gratuidad, en fin, sobre cómo puede corregir los problemas del Seguro Popular sin sacrificar sus avances. Lo que está en juego no es el falso debate entre la técnica de unos y la ética de otros. Es el compromiso y la capacidad del Estado mexicano de cumplir efectivamente con su obligación de garantizar el derecho a la salud.

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