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#ColumnaInvitada | ¿El fiscal general encubre pacto del gobierno con Duarte?

Este jueves un juez define si la organización TOJIL puede considerarse víctima en el proceso contra el exgobernador Javier Duarte; el caso importa porque permitiría a la ciudadanía participar.
mié 08 enero 2020 06:00 AM
Estefania Medina Ruvalcaba y Adriana Greaves Muñoz
Estefania Medina Ruvalcaba y Adriana Greaves Muñoz, cofundadoras de TOJIL.

El pasado sábado 4 de enero, en un hecho inédito, el exgobernador Javier Duarte de Ochoa reconoció ante un juez federal en el Reclusorio Norte que su renuncia, huida, detención y sentencia se dio con motivo de un pacto entre él y el Gobierno Federal en turno, a través de negociaciones a cargo del entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

Si bien es la primera vez que esta versión llega directamente a un juez, esta es una versión que el acusado había expuesto ante la opinión pública y que encuentra gran correlación con el hallazgo realizado por el diario Reforma, quien publicó la existencia de un oficio emitido por el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Mauricio Moreno Balbuena, en la que solicitaba a la PGR que reclasificara el delito de delincuencia organizada por el de asociación delictuosa, lo cual, finalmente ocurrió quedando acusado solo por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Lo que permitió que pudiera acceder a una condena bastante reducida a través de una sentencia negociada con la entonces PGR, en septiembre de 2018.

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Ante este evidente hecho de impunidad y corrupción. El 1 de octubre de 2018 la organización TOJIL presentó una denuncia ante la Visitaduría de la PGR, actualmente Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República, en la que se solicitó que se investigara a los fiscales a cargo de la investigación del exgobernador por presuntos hechos de corrupción como sobornos a cambio de este procedimiento abreviado, y especialmente que se le reconociera el carácter de víctima para colaborar en el desarrollo de la investigación. Esto dio lugar al inicio de la investigación FED/VG/UNAI-CDMX/0000435/2018; sin embargo, la Visitaduría General aún en la administración del encargado de despacho Elías Beltrán, decidió negarse a reconocer el carácter de víctima de la organización, lo que llevó el tema ante el controvertido Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien decidió apoyar la decisión de la Visitaduría y continuar con la negativa.

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Contra esta resolución, la organización promovió un juicio de amparo, en el que el Juez Sexto de Distrito, Juan Mateo Brieba de Castro, dio un completo revés al asunto concediendo la razón a la organización y ordenando que, en efecto, debía serle reconocido su carácter de víctima durante la investigación por tratarse de un acto de corrupción que afecta a todos los mexicanos de manera colectiva y porque así lo permite el marco legal. Es decir, emitió una de las sentencias más icónicas de real y efectivo combate a la corrupción en México.

Pese a estos importantes esfuerzos del Poder Judicial Federal, el ambiente fue nuevamente enrarecido, pues contra todo pronóstico la Fiscalía General, ya a cargo del actual titular, Alejandro Gertz Manero, decidió impugnar esta decisión a través tanto de la Unidad de Asuntos Internos (antes Visitaduría) como por conducto del Ministerio Público adscrito a ese juzgado (los cuales en la práctica rara vez interponen recursos).

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Estas últimas acciones abren suspicacias sobre ¿cuál es el interés de la actual Fiscalía en negarse a recibir la ayuda de la sociedad en esta investigación?, ¿por qué la Fiscalía busca mantener en opacidad la investigación de este pacto que ahora es conocido abiertamente?, ¿esta negativa tiene que ver con un acuerdo para preservar este pacto?

La resolución final del caso será este jueves 9 enero por parte del 7 Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, que resolverá si confirma la decisión del juez que ordena reconocer a TOJIL como víctima. Esta resolución será histórica ya que permitiría que la sociedad participe de manera directa en este entramado de corrupción que hoy sabemos, derivó de un “pacto”.

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Como dato adicional, el lunes 6 enero la organización solicitó a la Fiscalía que los videos con las declaraciones realizadas por Javier Duarte se incorporen como dato de prueba a la investigación FED/VG/UNAI-CDMX/0000435/2018, que investiga la red de corrupción e incluso sobornos que pudieron existir detrás de ese pacto.

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de las autoras.

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