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El candidato limpio, el equipo sin revisar

Blindamos la foto, ignoramos toda la estructura. La ciudadanía tiene derecho a saber no solo quién le pide el voto, sino quién construyó, financió y operó territorialmente esa candidatura.
elecciones 2027 calendario
Verificar solo al nombre en la boleta y dejar intacta esa estructura es blindar la fachada y dejar la puerta trasera abierta de par en par, plantea Alberto Guerrero Baena. (Instituto Nacional Electoral)

El teatro de la honorabilidad, con la mitad del reparto fuera de escena

México se prepara para blindar el proceso electoral de 2027 contra el crimen organizado con una herramienta que, en el papel, suena impecable: una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral, capaz de consultar al Gabinete de Seguridad, a la Fiscalía General de la República, al Centro Nacional de Inteligencia y a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el pasado de quienes aspiran a gobernarnos.

El problema no es solo que el mecanismo sea voluntario y sin sanción, como ya he señalado antes.

El problema, más grave todavía, es a quién se decidió no mirar: el candidato es apenas la cabeza visible de una estructura de decenas, a veces cientos, de personas que operan el dinero, el territorio y la logística de una campaña.

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Verificar solo al nombre en la boleta y dejar intacta esa estructura es blindar la fachada y dejar la puerta trasera abierta de par en par.

Si el objetivo real de esta política es impedir que el crimen organizado capture instituciones de gobierno, ignorar a este segundo círculo es una negligencia de diseño, no un descuido menor.

La historia reciente del país documenta, con sentencias y expedientes públicos, que el financiamiento ilícito de campañas y la infiltración territorial rara vez llegan por la puerta principal del candidato: llegan por la tesorería de campaña y por el mando medio que organiza el territorio.

La voluntariedad, ahora multiplicada por cada operador

El diseño aprobado ya descansa en una decisión alarmante: la revisión no es obligatoria, la activa el partido que decide solicitarla, y hasta el 11 de agosto de 2026 ningún partido lo había hecho. Extender ese mismo esquema —sin corregir su voluntariedad— a equipos de campaña no resolvería nada; multiplicaría el problema.

Si hoy el incentivo de un partido para no preguntar por su candidato es alto, el incentivo para no preguntar por el operador financiero que le consigue liquidez fuera de los topes de gasto es todavía mayor, porque ahí es exactamente donde suele anidar el dinero de procedencia ilícita.

Un mecanismo verdaderamente serio no puede seguir dejando la decisión de investigar en manos de quien más se beneficia de no saber.

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El vacío sancionador se hereda a toda la estructura

No existe, a la fecha, un catálogo de responsabilidades y sanciones para el partido que ignore señales de riesgo sobre su candidato.

Ese vacío se agrava exponencialmente si se piensa en equipos completos.

¿Qué ocurre si el candidato resulta limpio pero su coordinador de campaña tiene vínculos acreditados con una célula del crimen organizado que "aportó" la logística territorial que le dio la victoria?

Bajo el diseño actual, absolutamente nada: no hay consecuencia jurídica prevista ni para el candidato ni, mucho menos, para terceros que no aparecen en ninguna boleta. Estamos construyendo un semáforo que ni siquiera alcanza a ver la mitad de los autos que cruzan el cruce.

Opacidad que se vuelve total cuando el objeto de revisión se amplía

El resultado de cualquier evaluación de riesgo, tal como está diseñado el mecanismo, se entrega solo al partido solicitante.

Si esa opacidad ya es cuestionable tratándose de un candidato que buscará el voto público, se vuelve prácticamente absoluta tratándose de operadores que el ciudadano jamás conocerá por nombre y que, sin embargo, administrarán recursos públicos indirectamente desde el primer día de gobierno a través de nombramientos, contratos y estructuras clientelares heredadas de la campaña.

La ciudadanía tiene derecho a saber no solo quién le pide el voto, sino quién construyó, financió y operó territorialmente esa candidatura.

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Lo que se puede exigir, sin especular

Este texto no requiere imaginar escenarios extremos: basta con mirar cómo opera realmente una campaña en México para entender la magnitud de la omisión.

Y exige, con la misma urgencia que ya planteé respecto a los candidatos, ampliar el diseño en al menos tres direcciones antes de 2027:

a) Que la verificación obligatoria alcance a coordinadores de campaña, operadores financieros y responsables de logística y administración de insumos, no solo al nombre en la boleta;

b) Que el catálogo de sanciones —incluida la cancelación de registro— contemple explícitamente la corresponsabilidad partidista cuando el vínculo criminal se acredite en la estructura operativa, aunque el candidato mismo esté limpio;

c) Que los resultados agregados de estas revisiones, respetando el debido proceso individual, sean del dominio público antes de la jornada electoral.

Sin esas tres piezas, seguiremos blindando solo la fotografía de campaña, mientras el crimen organizado sigue operando, con total impunidad, un piso abajo.
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*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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