El teatro de la honorabilidad, con la mitad del reparto fuera de escena
México se prepara para blindar el proceso electoral de 2027 contra el crimen organizado con una herramienta que, en el papel, suena impecable: una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral, capaz de consultar al Gabinete de Seguridad, a la Fiscalía General de la República, al Centro Nacional de Inteligencia y a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el pasado de quienes aspiran a gobernarnos.
El problema no es solo que el mecanismo sea voluntario y sin sanción, como ya he señalado antes.
El problema, más grave todavía, es a quién se decidió no mirar: el candidato es apenas la cabeza visible de una estructura de decenas, a veces cientos, de personas que operan el dinero, el territorio y la logística de una campaña.