Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado de Duarte, dijo en entrevista con medios que argumentaron que su cliente "prácticamente nunca se sustrajo de la acción de la justicia, no lo aprehendieron sino que se entregó".
El mismo Duarte dijo durante la audiencia que su entrega fue pactada con el gobierno de Enrique Peña Nieto, que nunca pretendió huir. Incluso sus abogados presentaron un contrato de arrendamiento de un departamento que supuestamente ocuparía el veracruzano en caso de que se le permitiera dejar el Reclusorio Norte.
Pero el fiscal de la Unidad de Asuntos Especiales de la FGR, Manuel Granados Quiroz, sostuvo que no había prueba del pacto que acusa Duarte e insistió en que no debía dejar el penal.
El juez Juan Carlos Ramírez Benítez señaló que el arrendamiento del inmueble era una muestra de que contaba con medios para evadir la justicia mexicana y decidió no otorgar el beneficio al político. Duarte aún puede apelar.
En 2018, el exmandatario se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita luego de que pactara con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) un juicio abreviado y la reclasificación del primer delito por el de delincuencia organizada, que amerita una condena mayor.
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En diciembre pasado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México otorgó un amparo al exgobernador de Veracruz que ordenó que se diera trámite a apelación de su sentencia de nueve años en prisión.
