Por un lado esta proliferación de la corrupción ha tenido como consecuencia positiva un mayor señalamiento por parte de la población sobre todo aquello que aparenta ser corrupción (por lo menos a su real saber y entender), y por otro lado, esta satanización –idealización negativa– del fenómeno de la corrupción hace complicado determinar el espectro de conductas concretas que actualizan los delitos de corrupción, y en consecuencia, resulta difícil instaurar mecanismos concretos que atiendan de manera puntual dicho fenómeno.
Es por ello que precisamente hoy, en el marco de la conmemoración internacional de la lucha contra la corrupción y a unos cuantos días de cerrar el año 2019, resulta necesario preguntarnos si todos estamos hablando el mismo lenguaje y, en consecuencia, si queda claro qué sí constituye un acto de corrupción y qué no. Para esto, nos hemos dado a la tarea de observar, a manera de ejemplo, un fenómeno que provoca mucho furor en el día a día de los habitantes de la Ciudad de México: la tramitación de las matrículas vehiculares, mejor conocidas como “placas”, en entidades distintas a su residencia habitual con el fin de evitar el pago de impuestos por concepto de tenencia.
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Como todos recordaremos a partir del 2012, el cobro del impuesto de la tenencia pasó de manos de la federación a los estados, y en esa lógica, ciertos estados, como Morelos, eliminaron dicho impuesto. La práctica generalizada consiste en el pago a ciertos gestores que “consiguen” comprobantes de domicilios en dicha entidad a efecto de registrar autos de lujo en estas y así evitar el pago del impuesto.
Veamos, hay varias aristas que podría tener esta conducta, sin embargo, llama la atención que no contiene un elemento de los tipos penales de corrupción, el cual consiste en la intervención por parte de una autoridad de gobierno o servidor público, es decir, no se trata de un pago o recepción indebida de remuneraciones a servidores públicos a cambio de un hacer o no hacer. Por otro lado, aun considerando la versión en la cual el gestor falsificada u altera un documento oficial para demostrar un domicilio, en cualquier modalidad, se estaría cometiendo el delito de falsificación de documentos, no así un delito de corrupción.
