El #AsíNo quedó claro, el #AsíSí no se llegó a articular ni a consensuar; ni entre los propios miembros del Gabinete, ni entre Congreso y Ejecutivo, ni a un año del gobierno. Para ganar tiempo, se anunciaron corredores inmobiliarios –sin cambios de usos de suelo– y nuevos SACs –sin reglas claras–.
Si planear fueran mapas en internet e instrucciones al gabinete, ninguna metrópolis tendría procesos complejos: audiencias, consultas, paneles de expertos, comités, organizaciones vecinales, metodologías participativas, aprobación legislativa. Planear para el largo plazo requiere convocar, involucrar, explicar de maneras didácticas, escuchar perspectivas, acordar, ceder el control, buscar que otros se apropien y defiendan lo decidido. El gobierno lidera, colabora, pero no lo puede hacer solo. El gobierno –aunque millones de votos lo respalden– al final está de paso; no dura más de seis años, no estará a cargo los 30 o 50 que el horizonte de los procesos requieren.
Lee: Diputados de la CDMX avalan ley que da al gobierno el control del desarrollo urbano
La #LeydePlaneación aprobada convirtió los equilibrios barrocos constitucionales en un control centralizador de la jefa de Gobierno , de quien dependerá el Instituto y sus nombramientos. Decidirá –tal vez ya lo hizo– a quién invitar a planear y a quién, no. Sin convocatoria pública donde cualquiera se pueda apuntar, con perfiles, audiencias públicas y expedientes abiertos para designar a personas idóneas bajo el escrutinio público. Sin esa representatividad y legitimidad, los acuerdos cupulares del Instituto serán oportunidad perdida para construir los consensos de largo plazo.
Sin mecanismos de participación, consultas ni deliberación, los consensos comunitarios de programas parciales y alcaldías tampoco lograrán su aprobación, y menos aún su apropiación. Una plataforma para votar virtualmente (un change.org gubernamental) sin metodologías ni personal especializado recogerá, como requisito, nuestros datos electorales.
