Ley de Planeación: la pugna por definir las reglas para el desarrollo de la CDMX

En contraste, la propuesta de la oposición en el Congreso, presentada por los diputados Federico Döring, del PAN, y Víctor Hugo Lobo, del PRD, busca distanciar el control de la jefa de gobierno, pues plantea que sea con el voto de dos terceras partes de los diputados que se seleccione a quien ocupe la dirección del instituto.

De acuerdo con este planteamiento, sería la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso, presidida por Döring, la que emitiría una convocatoria abierta a los interesados y enviaría los perfiles al Comité Técnico de Selección, mismo que también sería definido por el Poder Legislativo.

Döring afirma que, si candados como estos no son aprobados, existe el riesgo de que el instituto carezca de autonomía y, más aún, de que sea controlado por los desarrolladores.

“Si no tiene autonomía, va a ser otro apéndice y no va a haber un cambio en los hechos. Será la misma nomenklatura de los urbanistas que han venido corrompiendo históricamente”, dice en entrevista.

“Es importante que la ciudadanía reflexione sobre el perfil del director del Instituto de Planeación. Si el director es alguien que venga de tener antecedentes con el cártel inmobiliario, habremos puesto la Iglesia en manos de Lutero”, añade.

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¿Qué está en juego con la Ley de Planeación?

La Ley de Planeación debe ser reglamentaria del artículo 15 de la Constitución de la CDMX, que promete garantizar el derecho a la ciudad a través de instrumentos de planeación. Esta legislación busca crear las bases para el desarrollo sustentable de la ciudad y el ejercicio pleno de los derechos de todos sus habitantes.

Para cumplir su propósito, los principales instrumentos que hasta ahora se contemplan en las propuestas son:

Plan General de Desarrollo de la Ciudad. Definiría el desarrollo de la capital con una perspectiva de 20 años, tomando en cuenta equilibrio territorial, derechos humanos, sustentabilidad y economía. La idea es que a él se sujeten los planes, los programas, las políticas y los proyectos públicos a largo plazo, y que sea elaborado por el Instituto de Planeación.

Programa de Gobierno de la Ciudad. Estaría a cargo de la Jefatura de Gobierno y en cada inicio de administración se debería emitir la convocatoria para que los ciudadanos pudieran proponer y participar en su elaboración. En él se establecerían las metas y los objetivos del Ejecutivo.

Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad. Establecería el uso de suelo, así como las áreas con potencial para recibir construcciones y aquellas no urbanizables que deberían ser protegidas. También regularía la transformación de la CDMX. Sería elaborado por el instituto —con la participación de gobierno, de alcaldías y de ciudadanos— y tendría una vigencia de 15 años, con la posibilidad de actualizarse cada cinco.

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¿Y qué hay del Instituto de Planeación?

Según se tiene previsto, el instituto sería el órgano encargado de llevar a la realidad la Ley de Planeación, al concretarla en instrumentos y coordinar de manera transversal el desarrollo de la ciudad. Se prevé que sus objetivos sean:

• Crear el Plan General de Desarrollo con visión a 20 años.
• Crear el Programa General de Ordenamiento Territorial con vigencia de 15 años.
• Integrar un sistema de información estadística y geográfica.
• Elaborar un sistema de indicadores de la ciudad que se utilice en las etapas del proceso de planeación.
• Realizar dictámenes técnicos para la actualización de los usos del suelo, que establecen dónde, qué y cuánto se puede construir en la ciudad.

¿A qué debe estar atenta la ciudadanía?

Para Mónica Tapia, de la organización civil Ruta Cívica, de la forma en la que se elija al titular del instituto dependerá si la visión de ciudad a 20 años tendrá que reinventarse o no cada sexenio, según quien gane las elecciones.

“No es solo los nombramientos sino el diseño institucional del Instituto de Planeación. ¿Qué tan autónomo es? ¿Qué tan blindado va a estar de los futuros cambios de gobierno?”, dice en entrevista.

Josefina MacGregor, directora de Suma Urbana, advierte de que la disputa por el Instituto de Planeación podría causar que se pierda de vista que la planeación de la ciudad va más allá del ordenamiento territorial y el número de pisos que se pueden construir.

“Desde 2010, la ciudad no tiene un Plan General de Desarrollo Urbano, cada uno que han buscado aprobar desde el gobierno en turno se ha bajado porque querían hacer negocio”, alerta.

“Es una Ley de Planeación para el desarrollo de la ciudad, no solo para el desarrollo urbano. Desde pensar que el Instituto de Planeación vendría a reemplazar a la Seduvi (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda) está mal el enfoque: tiene que verse como un eje transversal que atraviese por educación, salud, viabilidad hídrica y gestión de riesgos”, subraya.