#ColumnaInvitada | Justicia para mujeres, tema pendiente del Estado

En lo que va de 2019 han asesinado a más 2,833 mujeres (SESNSP), el 90% de las mujeres huyeron de su hogar por ser víctimas de violencias machistas, siendo desplazadas de sus entidades y municipios por las violencias y muchas veces por la corrupción e impunidad. En los últimos cinco años la violencia en el ámbito familiar contra las mujeres ha incrementado un 751% (OMS), siendo sus hogares los lugares más inseguros para estar, debido a que cohabitan con sus agresores.

Si sumamos a esto que, pareciera que las acciones del gobierno se rigen por la coyuntura y lo mediático, en lugar de las leyes y las violaciones a los derechos humanos, el acceso a la justicia depende al parecer de la coyuntura del caso y no de un proceso integral con enfoque de género y derechos humanos.

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Existen miles de casos de transgresiones a derechos humanos perpetrados contra las mujeres que quedan ocultos. El Estado Mexicano no ha garantizado a todas las mujeres víctimas de violencias el acceso a la justicia pronta, expedita y con perspectiva de género. La seguridad integral y reparación del daño no deberían estar condicionadas.

El pasado 9 de diciembre surgió un caso que no se hizo viral y refleja la terrible impunidad que debemos enfrentar las mujeres todos los días. La Secretaría de Marina (Semar) violentó el derecho de protección de datos personales de una trabajadora, la joven denunció acoso sexual por un compañero y la dependencia respondió publicando su dirección y otros datos.

En palabras de Nashieli Ramírez, coordinadora presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la CDMX: "La filtración de información que corresponde a la investigación es una violación a los derechos humanos de las mujeres cuyos casos se investigan y que tienen por efecto su victimización secundaria, violación a su privacidad y exposición a más agresiones. Básicamente a criminalización.”

Los casos de impunidad suceden todos los días, otro lamentable caso, la mujer joven que estuvo privada de su libertad por su pareja durante varios días y aunque las autoridades sabían en dónde estaba, tardaron seis días en conseguir una orden de cateo, al ingresar al domicilio ya había sido asesinada.

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Esto demuestra lo que Patricia Olamendi ha mencionado, la respuesta del Estado mexicano es extremadamente limitada frente a la magnitud de las violencias contra las mujeres y es grave, vivimos en un país donde 7 de cada 10 mujeres son víctimas de alguna forma de violencia y 5 de cada 10 hombres violentan a mujeres. Muestra de ello es que en los últimos años (de 2003 a 2018) la violencia familiar en México ha incrementado un 900% (OMS).

En un país como México, en donde las violencias machistas se invisibilizan, naturalizan y culpabilizan a las mujeres de sus asesinatos y las violaciones a sus derechos humanos. La impunidad impera y se imposibilita garantizar el acceso y ejercicio de los derechos de todas las mujeres.

Por lo tanto, el gobierno debe garantizar el acceso universal a los servicios esenciales para la seguridad integral de todas las mujeres y la protección de sus derechos, como son los Refugios, contemplando sus centros de atención, sus casas de emergencia, casas de transición y los servicios para que toda mujer sobreviviente de violencias ejerza su ciudadanía: empleo, vivienda, sistema de cuidados, etc.

Cómo lo comento recientemente María Salguero, de acuerdo con la Organización Mundial para la Salud (OMS), el hecho de que se cometan 10 asesinatos al día es considerado una epidemia de violencia. Agregaría, epidemia social, estructural que tiene sus sustentos en un sistema patriarcal y machista.

Es fundamental la implementación de medidas urgentes para prevenir los feminicidios, las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres, realizar las acciones necesarias para poner fin a la impunidad y garantizar que se juzgue con perspectiva de género todos los casos de violencias por razones de género, sin importar si son mediáticos o no.

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El gobierno mexicano tiene una deuda pendiente con todas las mujeres, necesitamos acciones contundentes y no simulaciones, urge garantizar a todas las mujeres nuestro derecho a la seguridad y salud integral.

¡Por el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencias, a residir en un país que no ponga en riesgo su seguridad integral por la escasez de políticas y presupuesto con perspectiva de género!

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Nota del editor: la autora es Directora general de la Red Nacional de Refugios A.C. Un espacio compuesto por más de 60 organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.