Soy consciente de las promesas de campaña, pero no podemos ignorar que la situación cambió, y que tal vez haya que reconsiderarlas. Sin fortaleza fiscal no pasaremos del discurso. Sabemos que la tenencia es un impuesto progresivo, que además de cobrarse a quienes tienen mayor capacidad económica, fortalece las finanzas públicas de las entidades federativas y contribuye a evitar la competencia desleal que existe entre estados. En el caso de los IEPS ocurrió algo muy vergonzoso para el poder público, pues, como se dio a conocer por la prensa, en un primer momento la actualización propuesta por la Comisión de Presupuesto había sido apoyada por la mayoría; pero sorpresivamente, el sector empresarial impuso su poder y al final no se aprobó la modificación, eliminando así, la posibilidad de destinar recursos adicionales al sector salud, con quien esta administración adquirió un compromiso constitucional a partir de la creación del INSABI.
Estamos ante una crisis de ingresos y no podemos seguir posponiendo una solución, “el ancho de la cobija” no es suficiente; en estos momentos el entorno económico internacional es difícil, por lo que es urgente poner en marcha un programa contracíclico que detone el crecimiento económico, a través de una mayor inversión en infraestructura.
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Las finanzas del país se están sosteniendo con los ahorros del pasado, pero los fondos de estabilización son finitos y si seguimos con esta dinámica se agotarán el próximo año. Es urgente una Reforma Hacendaria que fortalezca los ingresos del país y mejore el gasto público, pues hay gastos crecientes y urgentes, como el sistema de pensiones. Debemos pugnar por generar acuerdos, consensos y reformas que nos lleven a establecer una Comisión Nacional que nos permita revisar el tema Hacendario en 2020 e implementar las modificaciones a inicios de 2021. Necesitamos hacer una revisión a los gastos fiscales, para disminuir los beneficios que injustamente reciben algunos grupos privilegiados.