#ColumnaInvitada | ¿Quién cuida nuestra democracia?

La envergadura del cargo de ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es tal que no es posible renunciar al mismo salvo que existan causas graves que a juicio del presidente de la República y de la mayoría en el Senado. Esto hace que la renuncia de Medina Mora no solo sea sorpresiva, sino preocupante para la clase política, pues deja ver los riesgos institucionales que corre nuestra democracia en los tiempos actuales. Para tener una idea de lo que implica, desde la reforma de 1996 se han nombrado a cuatro ministras y veinte ministros de la SCJN y de entre ellos, Eduardo Medina Mora Icaza es el primero en renunciar a su cargo.

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Sin negar que la designación de Medina Mora fue polémica, por decir lo menos, y que los criterios que ha sostenido en los proyectos de sentencia que ha propuesto a sus compañeros también son muy controversiales. En realidad, fueron las acusaciones lanzadas desde los órganos de la administración pública federal en su contra las que terminaron por ser la gota que derramó el vaso para el ahora exministro. A pesar de esto, la renuncia anticipada –cuando aún tenía 11 años por ocupar en el cargo– no era la salida idónea, de la cual por cierto no se justificó bajo una causa grave como lo establece la ley.

Lo sucedido en la Corte manda la señal de que las instituciones del Estado mexicano son destinos de paso para personajes que en un determinado contexto político son bien vistos y en uno posterior no lo son, por lo que entonces es preferible sacrificar a sus integrantes en lugar de apostar por la fortaleza institucional.

Pareciera que en los tiempos que corren se apuesta por el desmantelamiento institucional. Especialmente, en aquellos espacios que representan un contrapeso al ejercicio del poder que se realiza desde el gobierno. No podemos olvidar que la SCJN es la instancia que conoce de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales sobre temas que son relevantes, por ejemplo: la ley garrote en Tabasco, la ley Bonilla en Baja California, –cuando se publique–, o la recién aprobada Ley de Extinción de Dominio por mencionar algunas de las más recientes.

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Preocupa ver otro golpe a la institucionalidad del país, pues dista mucho de ser un caso aislado. Ya pasó con el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, con la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con los consejeros presidentes de los institutos electorales locales de Puebla, Nayarit y Michoacán; ya sea por razones políticas o personales, parece que a algunos integrantes de órganos que son contrapeso de la administración en el gobierno les resulta muy sencillo dejar sus cargos y abrir paso a personas afines a la llamada cuarta transformación. De seguir transitando por este camino, pronto no será posible responder la pregunta que da título a esta columna.

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