A tan sólo unas horas de que escuchemos al presidente de la República dar su informe sobre las acciones que ha emprendido su gobierno, es natural preguntarnos sobre el rumbo en materia de seguridad y justicia que guarda el país.
¿Qué dicen los datos? Los números oficiales muestran que la incidencia delictiva ha llegado a su peor momento, particularmente aquella relacionada con los delitos violentos.
Además, la percepción de inseguridad reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), exhibe que el 74% de los mexicanos nos sentimos inseguros.
Tras dos años terribles –2017 y 2018, respectivamente, fueron los años que rompieron el récord con la mayor tasa de homicidio doloso desde 1997–, este 2019 se perfila para rebasar tanto los índices de homicidio doloso, como posicionar a este año como el de mayor robo a negocio, trata de personas y narcomenudeo de la historia del país.
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Si comparamos cómo estábamos hace seis años, en vísperas del primer informe del entonces presidente Peña, veíamos un país donde casi todos los delitos venían bajando –a excepción de secuestro y extorsión– y menos de 10 entidades vivían una crisis de violencia. Hoy, el presidente López dará su informe en un contexto donde todos los delitos van creciendo y, por lo menos, 26 entidades viven algún nivel de crisis.
¿Qué está sucediendo? El gobierno enfrenta la complejidad de combatir una delincuencia que muta mucho más rápido de lo que es capaz el Estado de adaptarse y resolver; hay una enorme insuficiencia de recursos que en este año se ha agravado debido a recortes sin fundamento; hay un evidente debilitamiento y desgaste institucional, así como un entorno internacional adverso que propicia la violencia (la crisis del fentanilo, la ausencia de cooperación internacional para frenar drogas, armas y dinero).
Es importante reconocer que este gobierno no generó este desastre, recibió un país donde la situación de inseguridad empeoraba. No obstante, es también importante reconocer que este gobierno sí ha acentuado la crisis de violencia e inseguridad llevándola a niveles nunca visto.
Esto se debe al hecho que este gobierno parte de un diagnóstico equivocado y como el diagnóstico está mal, el plan de acción está mal y la evaluación de la realidad está mal.
En 2019, estamos peor si comparamos con 2013 porque no se vislumbran en el panorama elementos que puedan llevar a la reconstrucción de paz para el país; es particularmente desalentador que cuando escuchamos a nuestras autoridades confunden estrategia con acciones, así como las causalidades y relaciones que mantienen vivo el problema.
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Estamos peor hoy que en ningún primer año de gobierno federal porque tenemos menos Estado, menos instituciones y menos recursos para combatir el fenómeno delictivo que causa estos niveles de violencia y nunca como ahora la política empaña las decisiones de seguridad.
Tan sólo analicemos la semana que acaba de terminar, pese a que los datos oficiales –y subrayo oficiales– dicen que el homicidio doloso en la capital nunca había sido tan alto y muestran una clara tendencia al alza, el presidente López felicitó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, emanada del partido del presidente, por reducir dicho delito.
Tras la tragedia que abatió Coatzacoalcos, donde delincuentes privaron de la vida a 28 personas, dejaron múltiples heridos e incendiaron una actividad comercial, el presidente da un espaldarazo al gobernador del estado, emanado de su partido, y descarga la responsabilidad en el Fiscal General autónomo que proviene de la pasada administración.
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Ante los cuestionamientos de la prensa sobre su estrategia para atender los múltiples focos rojos del país y las evidentes tendencias al alza de todos los delitos, López responde que estos se encuentran controlados y que la estrategia sigue siendo reunirse todos los días para ver los números de incidencia delictiva, la Guardia Nacional y los programas sociales que dotan de becas a los jóvenes.
¿Qué escucharemos en el primer Informe de Gobierno de López en materia de seguridad? Dudo que un reconocimiento de la necesidad de desarrollar una estrategia y cambiar las acciones. Probablemente los autoelogios, la relativización de los problemas y la descarga de responsabilidades en otros actores y factores será la forma en que el presidente explique cómo está el país en materia de seguridad y justicia en su primer año de gobierno.
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El presidente López está a tiempo de pacificar al país, ningún otro presidente ha contado con tanto apoyo social y político, todo ello debería permitir que el presidente sume a los varios actores sociales en proyectos específicos en favor de un Estado de Derecho más sólido; que se pueda contar con una inversión en seguridad tres veces mayor a la que tenemos hasta este momento; que se ponga en marcha la reconstrucción de instituciones, se empuje para que todos los actores involucrados transparenten sus acciones y el uso de los recursos, permitan ser evaluados y rindan cuentas.
De lo contrario López en su segundo informe de gobierno en 2020 deberá explicar por qué el país sigue empeorando en materia de seguridad.
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El autor es director general del Observatorio Nacional Ciudadano.
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