#ColumnaInvitada | 4,500 días

Sin importar los argumentos divergentes, el gobierno federal presentó el Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012, en el que se estableció la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, y que mandató el despliegue de operativos conjuntos en Michoacán, Tijuana, Guerrero, Sierra Madre (Chihuahua, Durango y Sinaloa), Nuevo León-Tamaulipas, Culiacán-Novolato, Cancún, Aguascalientes, Tamaulipas, La Laguna (Torreón-Lerdo y Gómez Palacio), Veracruz, San Luis Potosí, y en las fronteras norte y sur creando Grupos de Trabajo sobre Violencia Fronteriza.

Estos operativos conjuntos implicaban la colaboración de la Defensa Nacional, la Marina, la PGR, la Administración General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las autoridades de seguridad pública y justicia para el desmantelamiento de los principales cárteles de drogas, ubicando y abatiendo a las cabezas de estos.

Este fue sólo el inicio de una política fallida aplicada en los sexenios de Calderón y Peña Nieto y que tuvo como resultado miles de muertos y desaparecidos, comunidades enteras desplazadas y el debilitamiento de las instituciones de justicia y seguridad del Estado. La captura de algunas de las cabezas visibles de los cárteles se vislumbra como una victoria pírrica.

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Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia el pasado 1 de diciembre con la promesa de implementar una estrategia distinta para garantizar la paz y la seguridad a la población. Durante la campaña ofertó el compromiso de cambiar radicalmente la política de persecución por una de pacificación y adoptar modelos de justicia transicional.

La propuesta implica el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, no sólo de la grave violación a los derechos humanos que provocó una estrategia equivocada, sino de las condiciones sociales, económicas y culturales que fueron caldo de cultivo para el desarrollo de las bandas criminales que germinaron en el país.

Estamos a 4,500 días del inicio de un infierno que ha destruido familias enteras.

El proyecto reside en recuperar gradualmente la cohesión del tejido social, de sanar el dolor social a través de la generación de la memoria histórica de los errores cometidos, de la dignificación de las víctimas y del abrazo colectivo de sus deudos, de limpiar las instituciones de corrupción y generar nuevas condiciones para el futuro, en resumen: lograr justicia para las víctimas y lograr un orden más justo y democrático para el pueblo de México.

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