Parece que fue ayer cuando las calles de esta Ciudad y otras entidades de la República fueron escenario de una celebración poco vista: Andrés Manuel López Obrador al fin había sido electo presidente de México y se festejó.
Con una mayoría arrasadora, más de 30 millones de voluntades y 53% de la votación, morena llegó al poder y, por primera vez en la historia nacional, se constituyó una nueva mayoría parlamentaria que acabó con la hegemonía priísta.
Las condiciones para cumplir con la prometida transformación nacional aparentemente estaban dadas; digo “aparentemente” porque ganar el gobierno cuando se establece como objetivo un cambio de régimen, no significa en ningún sentido haber tomado por completo el poder. Mucho menos en un México donde el Estado y las instituciones se fueron debilitando.
¿Por qué?, si debo responder pronta y breve, diría de manera muy simple que el poder gubernamental en México se ha ejercido desde una visión de negocio, lo cual ha convertido la corrupción en una práctica política. Cuando el Estado se corrompe, concede el poder que le compete y la soberanía que en teoría le recae, a otras fuerzas menos visibles.
La corrupción en su sentido más amplio, implica el uso necesario del aparato estatal de forma discrecional –a veces cínica–, para otorgar beneficios a un grupo con intereses ajenos a los de la sociedad en su conjunto; y de eso se ha tratado el inicio del cambio de régimen: de combatir la corrupción, no sólo económica, sino la que ha carcomido cada espacio que le compete al gobierno.
En el inicio de la Cuarta Transformación, a mi juicio, existen tres objetivos primordiales de largo aliento: combatir la corrupción, pacificar el país y generar oportunidades para quienes se quedaron –o dejaron atrás–, los del viejo régimen.
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Aunque esas son acciones fundamentales que se han tomado en estos meses, no podemos negar que hay dudas y resistencias. Dudas legítimas de quienes no entienden qué pasa, quizás acostumbrados a un molde único de gobernar; dudas ante la falta de certezas de a dónde nos llevarán ciertas decisiones. Pero dudas también, infundadas por las resistencias, esas que no hay que perder de vista porque son peligrosas en una democracia y provienen de quienes claramente temen perder privilegios y han sido beneficiadas y cómplices de la corrupción.
Es evidente en ese sentido, que hay un esfuerzo sistemático por desacreditar a la 4T, por decir que no está funcionando o que está llena de errores: porque ese sector quiere conservar el estado de las cosas tal y como quedaron cuando perdieron el primero de julio.
Por ello, se vuelve preciso entender que, si nos costó décadas conquistar el gobierno, ahora costará años ir tomando el poder: sobre el poder económico, sobre los poderes fácticos, sobre el crimen organizado que controla algunos territorios, sobre la dominación cultural que ha provocado retraso en nuestro desarrollo social y participación política, entre otros.
El día de la victoria, AMLO llamó a la reconciliación y lo intenta desde abajo, aunque a veces ha generalizado demasiado y la oposición mezquina lo usa para confrontar con desprecio. Sin embargo, desde el Senado hemos hecho un esfuerzo por comportarnos conciliadores, asumiéndonos una mayoría responsable que no avasalla.
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Dijimos que se buscaría una democracia auténtica y nunca habíamos visto en la historia moderna al pueblo mexicano tan entusiasmado en participar en la toma de decisiones; tampoco nunca había estado tan expuesto un mandatario, sometiendo al escarnio público cada acción que ejerce.
Se prometieron cambios profundos y ha iniciado la ruta. Hablamos de libertad en todos los sentidos y se ejerce –que nadie se asuste cuando las discusiones se polarizan–, porque la diversidad social está pensando en voz alta. En ese sentido, hemos buscado darles voz a todas las personas en la Cámara Alta: con la paridad, con progresividad de derechos para mujeres, personas afromexicanas, comunidades indígenas, personas lgbtti, entre otras.
El presidente electo pronunció en su primer discurso que no habría impunidad y advirtió más a propios que a extraños, que sobre aviso no habría engaño, y así ha sido (pensemos tan sólo en la extitular de Semarnat). Luchamos para llegar al poder pensando que siempre fue hora de que la clase política no fuese un sector privilegiado e iniciamos aboliendo privilegios.
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Anunciamos que cambiaría la estrategia fallida de combate a la inseguridad, entre otras cosas, atendiendo las causas que originan la violencia. Por eso los programas de bienestar desde el Ejecutivo, pero también, tras la reforma constitucional que le dio origen a la Guardia Nacional, con el respaldo de todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, en estos días nos estamos poniendo a prueba.
No es poco lo que se puede nombrar a un año de la victoria. Contradicciones y errores se han cometido, sin duda –nadie esperaba un gobierno perfecto–, pero se están cimentando las bases para cumplir con lo que se prometió y por lo que votó la ciudadanía.
La mayoría se sigue viendo reflejada en la confianza hacia el gobierno de la 4T, pero se han manifestado muchas resistencias por parte de quienes antes han ejercido el poder entre las sombras; se vuelve fundamental la firmeza del gobierno para recuperar el poder y estratégica la fuerza social que acompañe en ese intento.
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