El caso Christian Téllez: la desaparición forzada que exhibió a México en la ONU

Su esposa, Aidée, quien lo seguía en su propio auto y se había quedado rezagada debido al alto en un semáforo, siguió a los vehículos oficiales. Al percatarse de que eran seguidos, los uniformados frenaron, la interrogaron y, de inmediato, arribaron otros dos policías en motocicleta que le cerraron el paso para que las patrullas se alejaran del lugar.

"Ella le preguntó a uno de los policías en moto: '¿A dónde lo llevan?'. Entonces, uno le hizo señas con la mano y ella creyó que le estaba diciendo: 'Espérate, ahorita te digo'. Pero ya cuando lo carros desaparecieron, los motociclistas se van y la dejan", relata la madre de Christian, María Eugenia Padilla García, quien conoció de los hechos a través del relato de su nuera.

Esto ocurrió el 20 de octubre de 2010 y es lo último que la familia de Christian supo sobre él: su paradero se desconoce desde entonces.

También desde esa fecha, su madre ha recorrido Poza Rica, Xalapa y la Ciudad de México para exigir la localización de su hijo y que se realicen las investigaciones correspondientes. Su camino incluye estaciones de policía, separos, ministerios públicos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO), la Unidad para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, la Presidencia de la República y, finalmente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde expuso el viacrucis de encontrar justicia y donde, el pasado 5 de agosto, logró que se responsabilizara al Estado mexicano por la desaparición forzada de su hijo.

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El martirio de buscar a un desaparecido

Tras la detención de Christian, Aidée acudió a la Policía Intermunicipal, la Agencia Veracruzana de Investigación y la Agencia Federal de Investigación, donde obtuvo la misma respuesta: no había registro del arresto.

La búsqueda inmediata no paró ahí. Aidée fue a la Procuraduría General de Justicia de Veracruz para denunciar la desaparición, donde no se aceptó su denuncia por no haber transcurrido 48 horas. Llamó entonces a Emergencias y se le indicó que tenía que acudir nuevamente a las instalaciones de la Policía Intermunicipal, donde de nuevo negaron la presencia de su pareja.

Fue la madrugada del 21 de octubre cuando la señora Eugenia y otros familiares llegaron a Poza Rica desde la capital del país. Insistieron en las instalaciones de la Policía Intermunicipal, donde el subcoordinador, Javier Amador Mercado Guerrero, les reiteró que el joven de 30 años no se encontraba ahí, aunque permitió a un tío ingresar a los separos, donde se negó a abrir una puerta cerrada con candado, según consta en la relatoría de los hechos que se entregó a la ONU.

Horas después, la procuraduría admitió finalmente la denuncia por desaparición, pero no se tomó ninguna medida para la búsqueda urgente. Por la tarde de ese mismo día, la familia encontró el automóvil de Christian en un lote baldío y dio aviso a la dependencia.

"El perito simplemente manoseó todo el carro sin guantes: pasó las manos por el tablero, como que acarició el volante, los asientos, por donde quiera metió su mano y tomó como cuatro fotografías. Fue todo lo que hizo. Uno de mis hermanos le preguntó que si no le iba a hacer la prueba dactilar y el perito dijo que no se podía porque había mucho polvo", recuerda Eugenia.

Al siguiente día, Aidée presentó un amparo por privación ilegal de la libertad e incomunicación, pero la respuesta de la Policía Intermunicipal fue la misma: no había registro de la detención de Christian.

El 26 de octubre de 2010, la familia se presentó ante la Dirección General de Investigaciones Ministeriales en Xalapa, donde se inició una averiguación previa y los familiares accedieron al álbum fotográfico de los elementos de la Policía Intermunicipal. Así, Aidée identificó a Pablo García García, Marco Alfredo Castellanos López y Carlos Vicencio Santiago.

En busca de la justicia federal

El 22 de noviembre de 2010, la madre de Christian presentó una denuncia contra los tres policías identificados ante la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros (UEIS) de la SIEDO, por privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro.

En diciembre, el policía Pablo García García declaró pertenecer a la Unidad Canina, no manejar patrullas ni motocicletas y haber estado de vacaciones el día de la desaparición. Aportó como pruebas un oficio firmado por el coordinador general de la Policía Intermunicipal, Juan Carlos Novoa Torres —quien en 2014 fue vinculado con un asesinato—, así como la bitácora del día de los hechos, firmada por el subcoordinador de la Policía Intermunicipal, Javier Amador Mercado Guerrero —quien fue detenido como supuesto líder de 'Los Zetas' en Poza Rica, en diciembre de 2011.

"Era volver a empezar, yo dije: 'Aquí la cosa va a ser diferente, aquí ya estoy en mi casa, aquí es otro tipo de policía, ya no voy a estar donde está toda la delincuencia, SIEDO es SIEDO, no cualquiera llega ahí'. Estaba muy contenta porque iba a recibir respuestas, pero nunca me las dieron", dice Eugenia.

Según recuerda, el ministerio público Miguel Ángel López Lobato le dijo:

—Señora, ¿de verdad quiere usted meter su denuncia aquí?

—Sí, sí la quiero meter.

—Piénselo bien, señora, porque a lo mejor su hijo andaba metido en algo y entonces, en vez de entregárselo…

—A ver, licenciado, si mi hijo hizo algo, que pague, pero ese no es su problema, usted entréguemelo y después vemos qué pasa.

—Sí, señora, ¿pero ya se puso a pensar que quizá es su familia la que está metida en esto? Porque cuando hay secuestros, la familia es la que lo hace.

—Sabe qué, licenciado, pues si fue alguien de mi familia, que caiga quien tenga que caer, y más tratándose de mi hijo.

—Sí, señora, ¿pero usted ya se puso a pensar que a lo mejor su nuera andaba con alguien, que tuviera un amante, y que por eso le pasó lo que le pasó a su hijo, que ellos le hubieran hecho algo…?

Eugenia detalla que Aidée y Christian se conocen desde que iban en la preparatoria. Con el paso del tiempo, iniciaron una relación y por motivos de trabajo decidieron irse a vivir a Poza Rica.

La revictimización no quedó solo en el Ministerio Público, relata Eugenia: "Me acuerdo de que una ocasión yo pedí una cita con el maestro Cuitláhuac (Salinas, quien asumió la titularidad de SIEDO en noviembre 2012). Me dio una cita, pero me la canceló y luego me dio otra y luego otra. Finalmente, me dijo tal día a tal hora, no llegó y me atendió el licenciado Rodrigo Archundia, quien estaba como responsable del área de secuestros (posteriormente, encargado de despacho a la salida de Salinas)".

"Le empiezo decir que a mi hijo se lo llevó la Policía Intermunicipal, le estoy contando toda mi historia y él me contesta: 'A ver, señora, ¿usted está consciente de que el caso de su hijo es del fuero común?, ¿usted está consciente de que en el momento en el que yo quiera le regreso el caso a Veracruz? Porque estará de acuerdo en que lo que le dieron a su hijo fue un 'levantón'".

"Y si lo anterior me lo aguanté, esto ya no, me enojé mucho y entonces le contesté: 'A ver, licenciado, sí, el caso de mi hijo es del fuero común y, sí, en el momento que usted quiera lo regresa a Veracruz, pero antes usted me tiene que decir en dónde está mi hijo (...) Me tiene que dar una respuesta a todo porque, si no es así, no lo puede devolver, a menos de que usted se quiera dar por incompetente y yo no creo que SIEDO se dé por incompetente".

"¿Y 'levantón', licenciado Archundia? Usted enséñeme la ley y dígame en el Código Penal, ¿dónde dice 'levantón'? No existe, en ninguna ley se habla de 'levantón' y usted le está diciendo así para minimizar el delito".

El 24 de octubre de 2014, los familiares de Chistian presentaron una nueva denuncia ante la Unidad para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR), donde en septiembre se presentó un análisis de las llamadas del teléfono de Christian. Este registró una llamada unos minutos después de su detención y otra para revisar el saldo el 6 de diciembre de 2010, pero fue imposible obtener mayor información dado el tiempo transcurrido. También se perdieron los videos de la detención y no hay ningún responsable tras las rejas.

La resolución de la ONU

En 2015, Eugenia conoció a Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, quien le propuso llevar el caso a instancias internacionales. "Yo sentí que se me abría una puerta más de oportunidad para encontrar a mi hijo", dice la mujer.

"Nosotros observamos la importancia de que México pudiera comparecer ante otras instancias y, atendiendo a que los procesos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) son muy largos, 10 ó 12 años, intentamos abrir una puerta ante Naciones Unidas que nos dimos cuenta de que estaba cerrada, nos dimos cuenta de que el Comité de Derechos Humanos tiene competencia de revisar estas conductas", señala Gutiérrez Contreras, quien coordinó el litigio del caso Rosendo Radilla ante la CoIDH.

Tras agotar las instancias internacionales, en noviembre de 2015 la familia e Idheas presentaron el caso ante el comité —el mismo órgano que falló en favor de la periodista Lydia Cacho por la tortura de la que fue víctima— y, el pasado 5 de agosto, este responsabilizó al Estado mexicano de la desaparición forzada de Christian.

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Con esa resolución, el comité ordenó al Estado mexicano:

• Llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y eficaz sobre las circunstancias de la desaparición.
• Poner en libertad de manera inmediata a Christian, en caso de que esté en manos de autoridades.
• En el supuesto de que haya fallecido, entregar sus restos a sus familiares.
• Investigar y sancionar cualquier tipo de intervenciones que hayan podido entorpecer los procesos de búsqueda y localización.
• Proporcionar a la familia y sus abogados información detallada sobre los resultados de la investigación.
• Procesar y castigar a las personas halladas responsables de las vulneraciones cometidas y divulgar los resultados de esas actuaciones.
• Velar por que se den servicios de rehabilitación psicológica y tratamiento médico a la familia de Christian.
• Una reparación del daño a Christian y a su familia, que incluya una indemnización adecuada.
• Adoptar medidas para evitar que se repita este tipo de casos en el futuro.

A partir del dictamen, el gobierno mexicano, través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tiene 180 días para informar a la ONU sobre las medidas que haya adoptado. Podría negarse a aceptar el dictamen, "pero es muy complicado y estaría a nivel de países como Perú de Fujimori y Venezuela de Maduro", explica el director de Idheas.

"(Aceptar el ordenamiento) sería un mensaje que honraría la palabra que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su sexenio, de que la búsqueda y la justicia de las personas desaparecidas son la prioridad del Estado mexicano y en consecuencia de este gobierno", agrega.

"Yo veo muchas posibilidades, yo estoy pensado en recuperar a mi hijo, pensando en volverlo a abrazar, en hablar con él, quiero que se le haga justicia, quiero que se le haga justicia a muchos desaparecidos, porque yo creo que quien se llevó a a mi hijo también se llevó a muchas gentes (...) Esta puerta no se abre solo para mí, se abre para muchas gentes que en un determinado momento van a necesitar que se les escuche cuando se decidan a gritar", concluye Eugenia.

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