La ONU ordena a México investigar un caso de desaparición forzada en Veracruz

"El Estado mexicano es responsable de la desaparición forzada (de Christian) con participación de autoridades estatales supuestamente vinculadas a grupos del crimen organizado", concluyeron.

De esta manera, el comité emitió un dictamen en el que acredita la violación del Pacto Internacional por parte del Estado mexicano y lo obliga a informar, en un plazo de 180 días, sobre las medidas que tomará a partir de esta resolución.

La organización Idheas Litigio Estratégico —que en noviembre de 2015 llevó el caso ante la ONU— celebró que, a nueve años de la desaparición de Christian, se emita este dictamen con el que se sienta "un precedente histórico al ser la primera decisión vinculatoria de Naciones Unidas" en un caso de desaparición forzada.

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¿Qué pasó con Christian?

El 26 de octubre de 2010, el estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad del Golfo de México viajaba en su automóvil por Poza Rica cuando fue interceptado por ocho elementos de la Policía Intermunicipal.

Una compañera del joven que presenció los hechos declaró que los policías lo obligaron a bajar de su vehículo a punta de pistola y lo subieron a una patrulla.

La familia de Christian acudió de inmediato con el entonces director de la Policía Intermunicipal, Juan Carlos Novoa Torres, quien aseguró que el joven no había sido detenido por la corporación. La Agencia Veracruzana de Investigación dio la misma respuesta.

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La compañera de Christian logró identificar a tres de los policías que se lo llevaron, quienes, tras negar su participación en los hechos, quedaron absueltos por sus mandos, mismos que posteriormente fueron arrestados por supuestos vínculos con 'Los Zetas'.

En este sentido, el comité señaló que la investigación de un caso de desaparición forzada "no puede basarse en la confesión de los posibles responsables ni autoridades involucradas ".

¿Qué dijeron las autoridades?

Aunque las policías del estado negaron los hechos, se abrió una averiguación previa en Xalapa y, un mes después, pasó a manos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General).

Sin embargo, de nada sirvió. De acuerdo con la organización Idheas, tanto el Ministerio Público federal como el estatal dijeron haber perdido los teléfonos y nombres de los posibles implicados.

Incluso, fueron los familiares quienes encontraron, por sus propios medios, el carro del joven en un lote baldío. Cuando dieron aviso las autoridades, estas enviaron a un forense que no protegió la evidencia.

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"Así, sin protección, entró y registró el auto. Con las palmas de las manos tocó el tablero y el volante, sacó los papeles oficiales de la guantera y los aventó sobre el asiento (...) No tenemos datos de que hayan rastreado huellas digitales de quien manejó el auto de Christian durante su traslado", narró María Eugenia Padilla, madre del joven.

La desaparición forzada de Christian a manos de policías se cometió al final de la gubernatura del priista Fidel Herrera (2004-2010) y cuando Javier Duarte estaba por asumir el mandato en Veracruz (2010-2016).

En esas administraciones se denunciaron más casos como el de Christian y, al final, quedó en evidencia el vínculo entre policías de Veracruz con el crimen organizado.

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