La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles el nuevo decreto que obliga a las plataformas digitales a reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos relacionados con violencia, abuso sexual, autolesiones y ciberacoso.
Las empresas según se anunció, tendrán 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor del instrumento, para documentar e informar las medidas que implementen.
La disposición establece nuevas obligaciones para los servicios digitales que permiten la interacción, comunicación y difusión de contenidos entre usuarios. Entre ellas están retirar publicaciones y cuentas que promuevan conductas violentas, verificar la edad de las personas usuarias y habilitar configuraciones de privacidad y seguridad reforzadas para menores.
“Lo más importante es que publicarán estos criterios para poder identificar y retirar estos contenidos”, explicó Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo federal, durante la conferencia mañanera.
La funcionaria detalló que el decreto fue presentado previamente a representantes de plataformas tecnológicas entre ellas, Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei, con quienes el gobierno acordó el plazo de 30 días para que preparen sus sistemas y reporten sus primeros avances.
De acuerdo con la consejera jurídica María Luisa Alcalde, el decreto establece que las plataformas no deberán permitir el acceso, la exposición o la recomendación a niñas, niños y adolescentes de contenidos, imágenes y videos que generen o promuevan:
- Discursos de odio y extremismo violento.
- Abuso, explotación y violencia sexual.
- Suicidio y autolesiones deliberadas.
- Trastornos alimenticios.
- Violencia en el entorno escolar.
- Acoso, ciberacoso y ciberbullying.
- Conductas ilícitas.
- Material sexual explícito.
La medida busca que las empresas tecnológicas no se limiten a reaccionar ante las denuncias de los usuarios, sino que tengan mecanismos para detectar y retirar contenidos que puedan representar un riesgo para menores.
Alcalde explicó que el decreto se fundamenta en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece la obligación del Estado de garantizar el acceso y uso seguro de internet y promover acciones para prevenir la violencia digital.
El decreto también establece medidas para que las empresas refuercen la protección de los menores desde el diseño de sus servicios, entre ellas están:
Retirar contenidos y cuentas. Las plataformas deberán identificar y remover de inmediato cuentas y contenidos que promuevan las conductas señaladas en el decreto.
Verificar la edad de los usuarios. Tendrán que implementar mecanismos para identificar a las personas menores de edad y aplicar las medidas de protección correspondientes.
Clasificar contenidos por edad. Deberán establecer criterios para identificar qué publicaciones son apropiadas para cada grupo etario.
Activar privacidad y seguridad por defecto. Las cuentas de menores deberán contar desde el inicio con configuraciones de protección reforzadas, sin que sea necesario que los usuarios las activen manualmente.
Incorporar herramientas de supervisión parental. Las plataformas deberán ofrecer mecanismos para que madres, padres y tutores puedan supervisar el uso de los servicios digitales.
Habilitar canales de denuncia. Los usuarios deberán contar con herramientas para reportar publicaciones o cuentas que puedan representar un riesgo.
Colaborar con las autoridades. Las empresas deberán disponer de puntos de contacto para atender requerimientos de las autoridades investigadoras, preservar y entregar evidencia relevante y alertar cuando detecten contenidos que puedan atentar contra la vida.
Las compañías también tendrán que publicar los criterios que utilicen para identificar y retirar los contenidos restringidos.
Durante la conferencia de este miércoles, Alcalde explicó que las empresas deberán documentar las acciones que implementen dentro de un plazo máximo de 30 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del decreto.
El seguimiento de estas acciones según dijo, estará a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Por ahora, el decreto se presenta como un instrumento obligatorio, pero no punitivo. Esto significa que establece responsabilidades para las empresas, aunque no incorpora un régimen específico de sanciones por incumplimiento.
La presidenta Sheinbaum advirtió que, si las plataformas no cumplen, el gobierno podría avanzar hacia una legislación que establezca consecuencias.
“Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, afirmó la mandataria durante la explicación del decreto.
Alcalde indicó previamente que la Consejería Jurídica instalaría mesas de trabajo para analizar propuestas regulatorias adicionales que permitan fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.
La estrategia federal también contempla acciones de prevención y atención coordinadas con las secretarías de Educación Pública y de Salud.
Entre ellas se encuentra el fortalecimiento de la estrategia "ABC de las emociones", mediante actividades en las comunidades educativas para difundir información sobre salud mental y promover el uso consciente de las redes sociales.
También se contempla la difusión de la Línea de la Vida, un servicio de orientación y apoyo psicológico al que pueden recurrir adolescentes y sus familias.
Estas acciones buscan complementar las obligaciones de las plataformas con herramientas de prevención y acompañamiento para menores de edad, madres, padres y tutores.
