El Congreso de la Unión está por discutir una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para crear la Ley de la Guardia Nacional, que propone que esa corporación de seguridad pueda realizar tareas de investigación e inteligencia, realizar operaciones encubiertas e intervenir comunicaciones privadas.
El 5 de junio se envió la iniciativa para armonizar la reforma constitucional aprobada en 2024, con la que la institución pasó a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ésta es una de las iniciativas que se discutirán en el periodo ordinario de sesiones que inició este lunes 23 de junio.
Titular. El titular de la Guardia Nacional será nombrado por el secretario de la Defensa Nacional. En el caso del actual comandante, Hernán Cortés, el nombramiento lo realizó el Secretario de la Defensa Nacional por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“El jefe Nacional debe ostentar el grado de General de División de la Guardia Nacional en activo, quien será designado por la persona titular del Ejecutivo Federal a propuesta de la persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, siendo responsable de su desarrollo, administración y operación, así como del empleo de sus organismos”, establece la iniciativa.
Personal militar. En la nueva ley se establece que la Guardia Nacional, que nació como una institución de carácter civil, estará conformada por personal militar.
“El artículo 21 Constitucional dispone que la ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, por tal motivo es necesario abrogar la Ley de la Guardia Nacional vigente y emitir una nueva para establecerla como una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, así como con personal civil de confianza que realice funciones técnicas, profesionales y administrativas, quienes se regirán conforme a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado”, indica la iniciativa.
Operación encubierta. Uno de los puntos que más polémica causa es que como una de las atribuciones de la Guardia Nacional están las operaciones encubiertas.
“Llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la investigación preventiva del delito; asimismo, realizar bajo el mando y conducción del Ministerio Público, la investigación que resulte de esas operaciones”, señala.
Información en tiempo real. La iniciativa establece que la Guardia Nacional podrá solicitar a empresas de telefonía información en tiempo real de sus usuarios, así como datos de georreferenciación, aunque esta petición deberá contar con previa autorización fundada y motivada de la autoridad judicial.
“Solicitar por escrito y bajo el mando y conducción del Ministerio Público, en los términos del artículo 16 Constitucional, a los concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones o de sistemas de comunicación vía satélite, la información con que cuenten, así como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real, para el cumplimiento de sus fines de prevención de los delitos”, plantea la iniciativa.
Actividades migratorias. A la Guardia Nacional también se le dota de facultades para que revise los documentos para corroborar el estatus migratorio de extranjeros.
“En coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la inspección de los documentos migratorios de personas extranjeras, a fin de verificar su estancia regular, con excepción de las instalaciones destinadas al tránsito internacional de personas y, en su caso, proceder a presentar a quienes se encuentren en situación irregular para los efectos previstos en la ley de la materia”, añade.
Investigación. La nueva ley facultaría a la Guardia Nacional a investigar delitos: “Investigar la comisión de delitos, bajo la conducción y mando del Ministerio Público competente en el ejercicio de esta función”.
La oposición se manifestó en contra de la “armonización” de la Ley de la Guardia Nacional, pues advierte que se busca consolidar un modelo autoritario, opaco y regresivo.
“Están institucionalizando el espionaje en tiempo real y se reincorporan, incluso, figuras como las operaciones encubiertas que la Corte ya había declarado inconstitucionales”, afirmó el diputado José Elías.
