En octubre de 2020, el general Salvador Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles, Estados Unidos, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. El Departamento de Justicia informó que Cienfuegos enfrentaba cargos relacionados con el tráfico de drogas y por presuntamente ayudar al cártel encabezado por Juan Francisco Patron Sánchez, el “H-2”, perteneciente a la organización de los hermanos Beltrán Leyva.
Semanas después, en noviembre de 2020, la jueza federal Carol Bagley Amon, de la Corte del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, anuló los cargos en contra del exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto y autorizó su deportación a México.
En México, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en contra de Cienfuegos, sin embargo, determinó el no ejercicio de la acción penal.
El caso de Cienfuegos se retomó en la conferencia matutina de Palacio Nacional, luego de que el fin de semana reapareciera públicamente en la Marcha de la Lealtad, un acto al que, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, se invita a exsecretarios de la Defensa.
El fiscal Gertz Manero dijo que, derivado de la investigación, se concluyó que las pruebas contra el general son falsas.
“A nosotros nos tocó iniciar todo el procedimiento con la acusación que se había dado en los Estados Unidos sobre el general Cienfuegos, que lo identificaba como una persona totalmente distinta a la que es, por su altura, por sus características, por los lugares donde dicen que estuvo, que nunca estuvo. Bueno, era un catálogo de falsedades.
Hicimos toda una investigación que estuvo sujeta a una gran presión pública y, finalmente, el 15 de enero de 2021 en dos comunicados hicimos una explicación muy clara por qué se había determinado el no ejercicio de la acción penal, por ser las acusaciones tan falsas”, detalló el fiscal.
