Con el voto de seis ministros, el pleno de la Suprema Corte declaró la invalidez del llamado “decretazo”, un acuerdo de noviembre de 2021 por el que se decidió que la información relativa a las obras insignia de la actual administración sería de carácter reservado.
La decisión de la Corte causó de nuevo la molestia del titular del Poder Ejecutivo, quien criticó que es un poder al servicio de intereses económicos.
“Creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder. pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados, de la minoría, de lo que conceptualmente teóricamente se conoce como la oligarquía”, dijo el mandatario federal.
Justo por ese “divorcio” con el pueblo, el presidente aseguró que sabían que desde la Corte intentarían frenar sus obras.
“Ya sabíamos que iban a tratar de frenarnos la construcción de estas obras estratégicas y no estoy hablando al tanteo, no estoy inventando nada. Todos los amparos a las obras que estamos llevando a cabo se promueven por un grupo vinculado a los jueces, a los magistrados, a los ministros del poder judicial”, aseguró.
Recordó que obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya fueron objeto de una lluvia de amparos para intentar frenarlas, pero no se logró.
López Obrador acusó a un grupo de abogados y empresarios de intentar frenar sus proyectos, entre ellos, al exministro de la Suprema Corte José Ramón Cossío, a Gerardo Carrasco, a Miguel Carbonell y al exsecretario de Gobernación Fernando Gómez-Mont.
“Por eso de se dio a conocer otro decreto para proteger las obras y se declaró que son de seguridad nacional y de interés público. Entonces no hay problema”, comentó.
