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Acuerdo de AMLO sobre obras: sin fundamento legal y contra la transparencia

Mediante un decreto, el presidente López Obrador declaró sus megaproyectos como temas de "seguridad nacional", pero ¿qué significa y cuáles son los alcances? Esto dicen los especialistas.
mié 24 noviembre 2021 11:59 PM
Con un acuerdo AMLO blindó sus megaproyectos
El 22 de noviembre, el presidente López Obrador publicó un acuerdo para clasificar como asuntos de "seguridad nacional" los megaproyectos de infraestructura del gobierno federal.

En un intento por blindar las obras públicas del gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este lunes un acuerdo que, a consideración de especialistas, carece de fundamento legal, no transparenta procesos y busca evitar amparos, lo que atenta contra varios derechos humanos.

Se trata del acuerdo "por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional", señala el texto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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Los megaproyectos más emblemáticos del presidente López Obrador son el Tren Maya, en el sureste mexicano; el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México; y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

Desde que iniciaron estas obras, organizaciones civiles y políticos de oposición han presentado amparos para frenar sus construcciones por distintos motivos: desde impacto ambiental y apropiación del territorio hasta el uso de recursos públicos.

Ante las críticas por la publicación del acuerdo, el mandatario federal confirmó que el propósito es "agilizar trámites para que no se detengan las obras" y sostuvo que se garantizará la seguridad y confianza a las empresas participantes. "Es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras", dijo en su conferencia de prensa de este martes.

La ilegalidad del acuerdo

Leticia Bonifaz, catedrática de la UNAM, indicó que el acuerdo no tiene fundamento legal, pues solo hace referencia al artículo 90 constitucional —en el que se establece que la Administración Pública Federal es la encargada de distribuir los negocios y definir las bases— y se olvida de las leyes que regulan la obra pública y las telecomunicaciones.

"Si eres servidor público que tienes cumplir este decreto, estás en aprietos, porque tienes una ley que te dice una cosa y un decreto que te dice otra. (El acuerdo) está mal fundado, mal motivado, y se tendrá que invalidar de alguna forma", dijo Bonifaz este martes en entrevista con W Radio .

"Veo un grave error en la Consejería Jurídica, el decreto no tiene fundamento legal y eso es muy delicado", agregó la exfuncionaria del gobierno de la Ciudad de México.

Por su parte, el abogado internacionalista Jorge Lara coincidió en que el acuerdo presidencial. para considerar como temas de seguridad nacional y estratégicos los proyectos de infraestructura, es inconstitucional y contrario al orden convencional.

"En primer lugar, (el acuerdo) carece de una debida y suficiente motivación. En ningún apartado se menciona el sustento constitucional del mismo o referencias a la Ley de Seguridad Nacional. Además, vulnera el principio de reserva de ley, ya que pretende suplantar al Congreso en la determinación de ciertas áreas que son exclusivas del Poder Legislativo", indicó en entrevista con Expansión Política.

El también exdiputado federal detalló que el decreto genera contextos contrarios a la vigencia de los derechos fundamentales, como el derecho al medio ambiente sano, a la salud, a la información pública y a la rendición de cuentas. Incluso, señaló que implica un severo golpe a la libertad de concurrencia al generar mecanismos que distorsionan la participación del sector público en detrimento del sector privado.

El acuerdo es un peligroso paso hacia un estado de excepción que favorece la opacidad, la discrecionalidad, la corrupción.
Jorge Lara

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El alcance del acuerdo

En el acuerdo se declara de "interés público y seguridad nacional" la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno federal asociadas a infraestructura de los sectores: comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos, entre otros.

Además, se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal otorgar, en un plazo máximo de cinco días, la autorización provisional para el inicio de las obras. Si en ese plazo no se emite una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.

La autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.

"Con este decreto, el presidente López Obrador está señalando que todas las obras, no nada más las de telecomunicaciones y transporte, sino todas las obras públicas que impulse la 4T, están catalogadas como 'seguridad nacional', y eso limita incluso la oportunidad de presentar un amparo", explicó a este medio José Perdomo Galicia, especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.

Perdomo consideró que con el acuerdo, tal como está redactado, el gobierno federal dicta líneas que son paralelas a una legislación, pues aunque no es una ley, tiene elementos generalizados de cumplimiento.

"No es cualquier cosa. Por ejemplo, en caso de que se presente un amparo contra cierta obra, el juzgado de distrito lo va a sobreseer, es decir, no le dará trámite, porque cuando se trata de leyes, decretos o actos de gobierno que sean de seguridad nacional, no procede el amparo", precisó.

En este sentido, señaló que la dimensión del decreto es, sustancialmente, que todas las obras que impulse el actual gobierno, sean buenas o malas, van a ser autorizadas, y como sociedad se pierde la posibilidad de solicitar rendimiento de cuentas.

Fernando Nieto Morales, profesor e investigador de El Colegio de México (Colmex), dijo a Expansión Política que con el acuerdo publicado en el DOF el pasado 22 de noviembre, el presidente le está diciendo a la administración pública federal que "desobedezca la ley", lo cual, advierte, es muy grave, pues otorgar permisos para obra pública puede tener costos irreversibles.

"Hay un montón de leyes administrativas que están por encima de un acuerdo presidencial, el presidente no se puede saltar las leyes generales y federales unilateralmente, es una embestida contra el Estado de derecho", alertó.

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Atentado contra la transparencia y al acceso a la información pública

Alejandro Torres Rogelio, excomisionado de InfoCDMX, recordó que las categorías de "interés público" y "seguridad nacional" son precisamente las causales para poder negar el acceso a la información pública, de acuerdo con la Constitución y las leyes de transparencia.

"La Constitución garantiza el acceso a la información pública, y este derecho es regulado por las leyes de transparencia, que son las mismas que van a establecer las excepciones al derecho. Por lo tanto, esas excepciones no puede estar en un acuerdo, en un lineamiento, en criterios o en algún otro instrumento de menor jerarquía que una ley", dijo a Expansión Política.

En este sentido, Alejandro Torres expuso que, aunque el acuerdo presidencial no establece requisitos que las leyes de transparencia sí fijan para clasificar información, como la temporalidad de la clasificación de la información, sigue sin cumplir con lo que dictan esas legislaciones.

"Es un acuerdo de clasificación general y las leyes de transparencia claramente prohíben los acuerdos generales de clasificación de la información, además se prohíben clasificar la información como 'reservada ' antes de generarla. En síntesis, rompe con algo muy claro que dice la ley: no puedes hacer clasificación general de la información, y además debe ser caso por caso, ya sea que vas a responder una solicitud de información o vas a publicarla en tu portal. Y así, el acuerdo presidencial va acarreando una serie de problemas", agregó el especialista en transparencia y rendición de cuentas.

Con la entrada en vigor de este acuerdo, la autoridad no tendría por qué eximirse de justificar la razón por la cual va a clasificar la información o explicar en qué afecta a la seguridad nacional y cómo perjudica al interés publico. En caso de reserva de información, detalló el especialista, se tiene que hacer una prueba de daño, es decir, demostrar que publicar o dar a conocer información genera un daño mucho mayor al beneficio de dar a conocer esa información, "y en este caso de obras públicas no hay prueba de daño".

Fernando Nieto coincidió en que este este acuerdo para clasificar como temas de “seguridad nacional” los proyectos de infraestructura abre la puerta a consecuencias negativas en términos de derechos de las personas, comunidades y también a la opacidad.

"Se pone en juego mucho y esos controles existen por una razón y es que queremos preservar el interés colectivo. Al clasificarlo como objetos de seguridad nacional, la información se plantearía como reservada”, advirtió Nieto.

Con el acuerdo, el presidente quiere eludir su responsabilidad de cumplir obligaciones de transparencia que están fijadas por la ley.
Alejandro Torres

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¿Qué sigue?

El acuerdo puede echarse a bajo mediante acciones de inconstitucionalidad, las cuales pueden ser presentadas por la sociedad civil, legisladores e instituciones gubernamentales.

De hecho, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció este martes que prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que el acuerdo transgrede al artículo 6 constitucional sobre reserva de la información pública.

Tras analizar los alcances del acuerdo, el Pleno del INAI determinó ejercer este control constitucional, con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por "seguridad nacional", de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.

Pero en tanto la Corte no resuelva, el acuerdo para considerar a los megaproyectos de la actual administración federal como asuntos de "seguridad nacional" estará vigente, y eso mantiene toda las implicaciones antes expuestas.

-Con información de Ariadna Ortega y Octavio Ortega.

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