El alcance del acuerdo
En el acuerdo se declara de "interés público y seguridad nacional" la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno federal asociadas a infraestructura de los sectores: comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos, entre otros.
Además, se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal otorgar, en un plazo máximo de cinco días, la autorización provisional para el inicio de las obras. Si en ese plazo no se emite una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.
La autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.
"Con este decreto, el presidente López Obrador está señalando que todas las obras, no nada más las de telecomunicaciones y transporte, sino todas las obras públicas que impulse la 4T, están catalogadas como 'seguridad nacional', y eso limita incluso la oportunidad de presentar un amparo", explicó a este medio José Perdomo Galicia, especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.
Perdomo consideró que con el acuerdo, tal como está redactado, el gobierno federal dicta líneas que son paralelas a una legislación, pues aunque no es una ley, tiene elementos generalizados de cumplimiento.
"No es cualquier cosa. Por ejemplo, en caso de que se presente un amparo contra cierta obra, el juzgado de distrito lo va a sobreseer, es decir, no le dará trámite, porque cuando se trata de leyes, decretos o actos de gobierno que sean de seguridad nacional, no procede el amparo", precisó.
En este sentido, señaló que la dimensión del decreto es, sustancialmente, que todas las obras que impulse el actual gobierno, sean buenas o malas, van a ser autorizadas, y como sociedad se pierde la posibilidad de solicitar rendimiento de cuentas.
Fernando Nieto Morales, profesor e investigador de El Colegio de México (Colmex), dijo a Expansión Política que con el acuerdo publicado en el DOF el pasado 22 de noviembre, el presidente le está diciendo a la administración pública federal que "desobedezca la ley", lo cual, advierte, es muy grave, pues otorgar permisos para obra pública puede tener costos irreversibles.
"Hay un montón de leyes administrativas que están por encima de un acuerdo presidencial, el presidente no se puede saltar las leyes generales y federales unilateralmente, es una embestida contra el Estado de derecho", alertó.
