Diego Valadés: el presidente hace 'bullying' al Poder Judicial

¿Afecta al Poder Judicial que el presidente ponga en duda a los jueces? Ante la solicitud del presidente de revisar el actuar de los jueces que frenen sus reformas, ¿se vulnera la división de poderes?
Las discrepancias entre gobierno y judicatura son habituales en todos los sistemas abiertos, de manera que no debe sorprendernos que esto también suceda en México. El juicio de amparo es un litigio entre gobernados y gobernantes, de manera que es comprensible que las autoridades se inconformen con las resoluciones que les son adversas, y por esta misma razón la ley establece los procedimientos de impugnación cuando estiman que una decisión es infundada o excesiva.

Quienes recurren las decisiones judiciales son las áreas jurídicas del gobierno, o la Fiscalía, y esto forma parte de un patrón de normalidad. En el caso que usted plantea lo que resulta exorbitante es que sea el presidente de la República quien plantee su inconformidad, y no en términos jurídicos sino políticos.

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El presidente cuenta con un considerable apoyo popular y por tanto su voz tiene una resonancia nacional que pone a la judicatura en situación de desventaja.

Eso no obstante, el presidente no infringe ninguna norma al hacer llegar una queja a la Judicatura. No conozco precedente de una nota como la que dirigió al presidente de la Suprema Corte, pero no encuentro que haya violado algún precepto constitucional o legal. Tampoco vulnera la separación de poderes porque no está tomando ninguna decisión en perjuicio de la Judicatura.

Esto afecta al sistema institucional y reduce la disposición general a respetar a la legalidad.

Hasta dónde el presidente puede recurrir a una reforma constitucional como vía alterna para que no se frene su reforma eléctrica.
El presidente tiene facultades para iniciar una reforma constitucional. Puede hacerlo incluso antes de que los juicios de amparo concluyan. Esto implicaría un debate de otro nivel. Entiendo que en el Congreso muchos de los votos en contra de la Ley se debieron a legisladores que advirtieron que contenía aspectos inconstitucionales. En la medida en que se abra una nueva deliberación, en este caso sobre la Constitución misma, es posible que se lleve a cabo conforme a una dinámica diferente. En todo caso es una opción; desde mi punto de vista, la más adecuada.

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El presidente dice que antes el Ejecutivo era "el poder de los poderes". Con sus declaraciones y acciones, ¿no está cayendo en la misma lógica de que el Ejecutivo esté encima del Legislativo y Judicial?
El Poder Ejecutivo no se ha reformado; sigue siendo el mismo desde 1917. México tiene, o más bien padece, un presidencialismo plebiscitario que ha impedido el desarrollo de una democracia institucional. A eso se suma que la administración pública ha sido siempre un apéndice de la voluntad presidencial, pues no existe un servicio civil de alta exigencia profesional que premie al mérito. Un sistema patrimonialista como el nuestro hace que quien gana la Presidencia dispone a su arbitrio de la totalidad de la administración. El presidente tiene razón: el Ejecutivo era el poder de poderes, y lo sigue siendo. La misma Constitución se refiere al “Poder Legislativo”, al “Poder Judicial”, y al “supremo poder ejecutivo”, que por añadidura recae en una sola persona. Conforme a la Constitución, el único supremo en México es el presidente. Y esto no es democrático.

¿Qué opciones tiene el Poder Judicial para mantener su independencia y no quedar como un poder menor?
En México la relación entre el Poder Ejecutivo y los demás poderes es muy asimétrica. Por eso somos muchos los que desde hace décadas hemos venido insistiendo en que se haga una reforma del Estado. Mucho de lo que está sucediendo tiene fundamento en una Constitución que concentra el poder en el presidente y que le niega al Congreso facultades de control político. En todos los sistemas constitucionales democráticos los congresos tienen facultades de control y las minorías tienen, además, facultades de investigación. En México ya no tenemos un partido hegemónico, pero seguimos teniendo una Presidencia hegemónica. Estamos pagando una cuenta acumulada a largo de décadas.

En el caso del litigio sobre la Ley de la Industria Eléctrica, más allá de la cuestión jurídica hay una de carácter político. Desde mi punto de vista la suspensión general decretada por los jueces carece de fundamento constitucional y legal. Es previsible que esas decisiones sean revocadas, y lo malo es que se creerá que esto se debió a la presión política y no a la razón jurídica. Esto podrá dañar la imagen de los juzgadores. El presidente de la Suprema Corte ha asumido una posición digna y hago votos porque encuentre eco en la opinión pública.