Días después de que Andrés Manuel López Obrador pidió que se investigara al juez Juan Pablo Gómez Fierro por conceder una suspensión a sus reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, el presidente envió al Senado una iniciativa de reforma que incluye sanciones contra el nepotismo y la corrupción entre jueces y magistrados, que contemplan el retiro temporal del cargo, la inhabilitación hasta por 20 años o una reparación del daño hasta por 134 millones de pesos.
Antes, en febrero de 2020, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, expuso una iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial, que López Obrador hizo suya y envió al Congreso —porque el Poder Judicial no tiene facultad para hacerlo—, y que posteriormente quedó aprobada.