Santiago Nieto puntualizó que el acuerdo también funcionará para que todos los bienes de este tipo de criminales sean devueltos a las víctimas.
"El objeto es que las Unidades Antisucuestro del país logren acceder a la información con la que cuenta la UIF relativa a cuentas bancarias de los secuestrados y sus familias, autos que hayan sido adquiridos por ellos, joyas, inmuebles, vuelos, empresas en las que hayan aparecido como socios o apoderados legales, transferencias interbancarias, depósitos en efectivo, cheques, estados de cuenta o cualquier otra información financiera que sea reportada a las instituciones financieras y a los sujetos obligados por actividades vulnerables", puntualizó el titular del órgano de la Secretaría de Hacienda.
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Nieto destacó que la data también facilitará el cumplimiento de órdenes de aprehensión de secuestradores y el seguimiento y establecimiento de redes entre los miembros de una organización criminal.
En diciembre de 2019, la asociación Alto al Secuestro reportó un incremento de 2.8% en el delito de secuestro en el 2019 si se compara con el 2018. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización, señaló que se registraron 1,887 casos de privación ilegal de la libertad contra los 1,834 de 2018. No obstante, la verdadera cifra de incidencia se desconoce ante los casos que no son reportados a las autoridades.